De paso

Futuro incierto

La corrupción en México es estructural. Irriga todas las arterias del sistema, gangrenando significativamente la función de las instituciones y la legitimidad del sistema. Se ha llegado a un punto en que corregir el rumbo no es solo una demanda, sino una necesidad inaplazable. Latinobarómetro (2015) señaló recientemente que 81 por ciento de los ciudadanos mexicanos considera que no funciona el régimen de gobierno. El 61 por ciento percibe que la economía se encuentra mal o muy mal. Que Peña Nieto es uno de los cinco peores mandatarios de América Latina. Además, 72 por ciento opina que la transparencia gubernamental es escasa y, para rematar, la ciudadanía de nuestro país, en comparación con el resto de América Latina, es la más insatisfecha con la democracia: 19 por ciento (Reforma online, 14/X/15).

El Foro Económico Mundial (WEF) hizo pública la cifra de que entre 2014 y 2015 México descendió seis lugares en el índice competitividad: ocupa el lugar 61 en un conglomerado de 144 países. Es el escalón más bajo que se registra desde 2011. Es innegable que algunas reformas estructurales aprobadas recientemente han traído algunos beneficios (telefonía). Sin embargo, esas reformas no han sido suficientes para catapultar al país a niveles mejores de competitividad. Por el contrario se asocian con un descenso en el índice mencionado.

El índice del WEF se estima con base en una docena de indicadores. Uno de los que tiene más peso es la evaluación institucional: el funcionamiento y la eficacia para resolver problemas de las instituciones. En este rubro, México ocupa el lugar 102 (de 144 naciones). Otro de los indicadores tiene que ver con la confianza de los políticos. La posición que ocupa el país, en este aspecto, desciende hasta el sitio 114. Si a lo anterior se agrega que la violencia y la inseguridad están ubicados casi al final de la tabla mundial, se tiene un panorama incierto para mejorar la calidad de vida del país (Las cifras fueron tomadas de J. Madrazo, El Financiero, 14/X/15).

La inoperancia y la negligencia institucional (un estado de derecho casi inexistente) son los retos que enfrenta el Estado mexicano para empezar a caminar hacia adelante. En reciente visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que México se encuentra en una profunda crisis en este aspecto. Sirvan de prueba los datos que ofreció: 98 por ciento de los crímenes quedan impunes, sin solución y peor aún sin castigo. El ciudadano mexicano no está protegido por la ley.

El Inegi hizo públicos hace unos días datos que complementan el sombrío cuadro antes descrito. De 7.4 millones de actos de corrupción que se registraron en México (2013), fueron sancionados 12 mil funcionarios. De éstos solo 140 han ido a la cárcel (MILENIO Diario, 14/X/15). Se castiga al ¡0.00001 por ciento! de los infractores: el esplendor de la impunidad. Estos actos abarcan desde un simple trámite en una ventanilla de gobierno en adelante. Es muy probable que los actos indebidos de las grandes empresas, a veces coludidas con algunas autoridades gubernamentales, no entren en esta estadística. Los casos de Higa y OHL, por citar tan solo un par de ejemplos. Ante esta situación se antoja difícil que el país tenga un desenvolvimiento que se asocie con la mejoría de la economía y con la calidad de vida de la sociedad. Hay que reconocer que México se encuentra envuelto en una crisis de legitimidad tan profunda que alimenta la incertidumbre y presagia un futuro incierto.

jreyna@colmex.mx