De paso

Después de las reformas…

Sin un sólido estado de derecho, el camino hacia la modernidad se dificulta y los cambios quedarán en promesas. No se puede aspirar a ser un país moderno en medio de la corrupción y la impunidad.

El pasado 11 de agosto, con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, culminó un ciclo de la administración presidencial actual. Independientemente de que algunas de las reformas aprobadas no cuenten con el apoyo total de la ciudadanía, hay que reconocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo éxito como reformador: en muchos sentidos, aunque todavía en el papel, el modelo de país que teníamos ha sido sustituido por otro cuyos resultados están todavía por verse.

Lo anterior implica que las herramientas administrativas del gobierno experimentarán cambios significativos. No será igual administrar un país basado en los monopolios de las industrias estratégicas que hacerlo en un contexto donde supuestamente se entrará de lleno al terreno de la competencia y, además, en coexistencia con la inversión privada.

Ahora ya no importa el Pacto por México. Tampoco lo que opinen o critiquen los partidos de oposición. Lo que se quería ya se consiguió. El actual gobierno priista, después del ciclo mencionado, se mueve en “caballo de hacienda”. La oposición, después de estos 20 meses, dejó de serle útil. Ahora entre más débil sea, mejor para el gobierno. Así, la izquierda se encuentra  fragmentada (PRD, Morena) pero fue decisiva para la reforma fiscal. Y la derecha, representada por el PAN, se encuentra en una crisis explicada por sus prejuicios moralistas, aunque haya sido esencial para aprobar la reforma energética. El día que se promulgó esta reforma coincidió con el colapso de Acción Nacional: el video de una fiesta que celebraron varios legisladores panistas en Puerto Vallarta le pegó en su línea de flotación. En suma, una oposición raquítica.

La preocupación ahora es poner las Reformas en Acción, tal como lo escribió en un artículo el jefe del Ejecutivo (www.presidencia.gob.mx). Desde su punto de vista son tres grandes objetivos que son impostergables: “Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades”. En efecto, si estos son alcanzados en un período razonable, este país será otro: ver para creer.

Es prematuro saber si la aprobación masiva de reformas contribuirá para un buen desempeño electoral el año entrante. La educacional cuando menos no ofrece un éxito en el corto plazo. Ahora llegó el tiempo en que el gobierno de Peña Nieto tendrá que hacer una política que pase de las promesas de campaña y de los compromisos políticos a las acciones que empiecen a traducirse en un beneficio real para la sociedad mexicana, que sigue siendo pobre y en extremo desigual.

El reto de aprobar las reformas se superó. Ahora, el reto es operacionalizar en los hechos lo que por el momento sigue plasmado en un papel. Diseñar las acciones que en efecto permitan los cambios planteados por el propio Presidente, sin que el tiempo que le queda como mandatario lo rebase. Sin resultados derivados de las muchas reformas y cambios constitucionales hechos durante los meses pasados, el futuro del país se vuelve incierto.

Es necesario subrayar que la instrumentalización de las reformas, en su conjunto, no solo depende de tener una visión de gobierno. Es necesario resolver, de fondo y con todo, dos grandes problemas que el país arrastra desde hace un buen tiempo: la inseguridad que es un mal tan enraizado y, por tanto, difícil de erradicar. Sirva de ejemplo la nueva alerta estadunidense para que sus ciudadanos no viajen a México. Y, por el otro, afinar el estado de derecho. México es deficitario en este aspecto y en la medida que no se yerga el imperio de la ley, la posible bondad de las reformas se convertirá en letra muerta. Es necesario también que “las reformas en acción” se desenvuelvan en un contexto que circule de manera paralela con la disminución de los elevados niveles de corrupción imperantes.

Si en verdad el Presidente tiene como meta “afianzar nuestro régimen democrático y de libertades” no puede pasar por alto que la aplicación de la ley es el camino más corto para lograrlo. México tiene un enorme déficit en este rubro. Sin un sólido estado de derecho, el camino hacia la modernidad se dificulta y las reformas, por muy generosas que puedan ser, quedarán en bellas promesas. No se puede aspirar a ser un país moderno en medio de la corrupción y la impunidad. Habrá que esperar qué sigue después de las reformas.

jreyna@colmex.mx