De paso

Después de la elección, la CNTE seguía ahí

El objetivo de la administración presidencial actual es encontrar los instrumentos que impidan el surgimiento de las “CNTES”. De lo contrario, éstas seguirán ahí, obstaculizando el desarrollo del país.

La campaña electoral que culminó con la elección de ayer reveló rasgos inéditos para nuestra historia política contemporánea. La violencia se ha acercado al proceso electoral; como nunca antes. Las consecuencias son varias: entre otras, más de dos docenas de muertos, un árbitro debilitado (INE), el gobierno federal desgastado y una ciudadanía escéptica. La oposición vandalizada (léase la CNTE y sus adláteres) ha sido más eficiente que la oposición institucionalizada: un indicador de que los partidos políticos son entidades casi inservibles y el tejido institucional del gobierno es en extremo frágil. Hay un vacío de poder que lo llena un conjunto de grupúsculos al margen de la ley y de las instituciones y, peor aún, negocian con la autoridad, pretenden imponer sus condiciones y echan para atrás la reforma educativa. La CNTE actúa como si tuviera las atribuciones para decidir si hay o no elecciones, si se suspenden o no las clases, si bloquean o no autopistas, etcétera. Al final de cuentas nada pasa.

Después de un largo período autoritario se logró, bien que mal, una democracia electoral. Sin embargo, el proceso se ha vuelto conflictivo como consecuencia de grupos cuyo poder puede inhibir el acto de votar. Si se añade que el sistema de partidos es una entelequia envuelta en el desprestigio y un gobierno federal que proyecta más debilidades que fortalezas, se tiene el contexto propicio para que la vandalización de la política siga su exitoso ascenso.

El clima político nacional está crispado. Hay malestar ciudadano. Hay decepción por el régimen democrático, todavía en vías de construcción, pues la clase política en su conjunto ha sido incapaz de diseñar las instituciones que impulsen al país a un escenario democrático consolidado. Por ahora, falta despejar la incógnita si, con base en el resultado de las elecciones (al momento de escribir éstas líneas todavía no son conocidos), la administración presidencial actual podrá encontrar la brújula perdida de la gobernabilidad. Son muchos los focos rojos que rodean al escenario nacional. Las instituciones se han debilitado en los últimos años. La violencia y la inseguridad son una prueba más que evidente.

Una explicación plausible es que el sistema de justicia nacional se encuentra tan deteriorado que la ley es letra muerta. La semana pasada se conoció que en temas penales, de seguridad y de corrupción, México no solo no ha logrado avances, sino que se encuentra en el “sótano” de la tabla entre las naciones más atrasadas del mundo. De acuerdo con el Índice Mundial de Imperio de la Ley, nuestro país fue situado en el lugar 99 de 102 en materia de orden y seguridad (V. Fuentes, Reforma, 3/VI/15).

No es fortuito que el embajador estadunidense Anthony Wayne haya declarado que la “inversión y la economía se encuentran inhibidas por el crimen organizado y las pandillas que lo integran (MILENIO Diario, 3/VI/15). La debilidad del estado de derecho fomenta la impunidad, alimenta el conflicto y tiende a elevar los costos operativos de las empresas. El gobierno federal luce débil. No ha encontrado la fórmula para enfrentar los enormes retos del país. El objetivo de la administración presidencial actual es encontrar los instrumentos que impidan el surgimiento de las “CNTES”. De lo contrario, éstas seguirán ahí, obstaculizando el desarrollo del país y haciendo cada vez más difícil la gobernabilidad.

jreyna@colmex.mx