De paso

Corrupción metastásica

La corrupción, vestida con el ropaje del conflicto de intereses, es el punto letal que está debilitando a la institución presidencial y al sistema político en su conjunto.

En México, la corrupción no tiene freno. En todos los niveles. Es una plaga que debilita la raíz de las instituciones y tiene gravemente enfermo al sistema en su conjunto. El primer día del gobierno actual se prometió la creación de una comisión para combatirla. Promesa incumplida. La primera semana de este año tuvo nuevos casos que ensucian, aún más, el escenario político nacional. El alcalde con licencia, de Soledad de Graciano Sánchez, el segundo municipio más importante de San Luis Potosí, fue aprehendido y consignado a un penal federal por delitos relacionados con el crimen organizado y lavado de dinero. Se presume que desvió 200 millones de pesos. Lo peor es que aspiraba ser postulado como candidato a gobernador de su estado, por el PRD. La inmoralidad dejó de ser sorpresa.

La semana pasada también fue detenido el presidente municipal perredista de Charapan (Michoacán) por su probable responsabilidad de enriquecerse ilícitamente. Se encuentra libre, bajo fianza, porque ese delito no es grave en México: una gran puerta para la corrupción. El diputado panista (DF) Édgar Borja protagonizó otro caso. Se hizo público que reclamó, de manera soez, a su esposa por haberle echado a perder una licitación que le habría “redituado” (robar) 700 mil pesos. El PAN lo expulsó de sus filas pero su cargo en la Asamblea Legislativa del DF lo mantendrá en el puesto. O sea, tendrá manos libres para seguir robando. Este caso, junto con los anteriores, demuestra que no importa la felonía, pues al final de cuentas no pasa nada: una fotografía intimista de la impunidad.

El escándalo de Borja motivó al diputado federal perredista Fernando Zárate para que la dirigencia de su partido siguiera el ejemplo de la dirigencia del PAN. Propuso la expulsión de los jefes delegacionales de Iztapalapa (aunque viva en el Pedregal), de Coyoacán, de Cuauhtémoc y Tlalpan “quienes a todas luces cometen actos de corrupción”. Habría que añadir al delegado de Miguel Hidalgo. Para completar la semana, se filmó al secretario administrativo panista del municipio El Marqués (Querétaro) cobrando un moche a un proveedor. El funcionario fue cesado y es probable que en eso quede: sin sanción. En México, el moche es un eslabón de la cadena del enriquecimiento ilícito. No obstante, el gobierno federal sostiene que “en México la impunidad no tiene cabida”. La “democratización” de la corrupción, como se observa, abarca a los partidos más importantes de México. Vale la pena recordar, para apuntalar la afirmación anterior, el caso del ex alcalde priista de Apatzingán que se encuentra detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La corrupción, vestida con el ropaje del conflicto de intereses, es el punto letal que está debilitando a la institución presidencial y al sistema político en su conjunto. El secretario ejecutivo de la OCDE ya lo advirtió: la corrupción, la informalidad y la desigualdad son los grandes enemigos del crecimiento y el bienestar del país. La gobernabilidad del país luce más precaria al pasar de los días. Eso no le impide a Peña Nieto girar la orden al cuerpo diplomático mexicano que “difunda en el exterior una imagen objetiva y veraz del país”. De hacerse, el país quedaría en ridículo ante los ojos del mundo.

La vocería del gobierno federal, sin embargo, insiste que no “no hay conflicto de intereses” en torno al inmueble de la primera dama del país. “El gobierno no hará, como lo afirmó el funcionario, un mea culpa por la casa blanca” (El Universal, 7/I/15). La prensa internacional no ha dejado de abordar este problema de la pareja presidencial como tampoco el de los estudiantes de Ayotzinapa. Bastó una frase de Obama para pasar la factura a Peña Nieto: “Hemos dado seguimiento al caso de los estudiantes desaparecidos”.

En contraste, la semana pasada el ex gobernador de Virginia, Bob McDonnell, un distinguido miembro del Partido Republicano, fue sentenciado a dos años de prisión por intercambiar favores (tráfico de influencias) por un monto de 177 mil dólares (alrededor de 1.5 millones de pesos mexicanos). La casa blanca tiene un avalúo de 7 millones y el desvío potosino en Soledad es de 200 millones.

Todo lo anterior se engloba en ese tumor que ha envuelto a la clase política y muchos actos del actual gobierno: una corrupción metastásica. No poner un remedio a tan grave enfermedad no solo condena a la clase dirigente, sino que pone en riesgo el presente y el futuro del país.

jreyna@colmex.mx