De paso

¿Y la Comisión Nacional Anticorrupción?

Disminuir la corrupción implicaría el incremento de las inversiones y contribuiría a acelerar el crecimiento económico, por lo que tendríamos niveles mejores de desarrollo humano.

Desde que fue candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto se comprometió a combatir la corrupción (marzo, 2012). En su toma de posesión, uno de los puntos que más llamaron la atención fue el anuncio de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Es más, la iniciativa correspondiente fue enviada al Senado en noviembre de 2012, casi un mes antes de su asunción al poder. Han pasado 18 meses y la iniciativa mencionada no ha prosperado. La creación de esa comisión es imperativa, pues México es uno de los países que ocupa uno de los rangos más bajos (Transparencia Internacional) en el índice de corrupción global: ostenta el lugar 106 entre 175 países. Tiene un puntaje de 34, en una escala que varía entre 0 (totalmente corrupto) y 100 (nada corrupto).

La corrupción, infortunadamente, es un ingrediente de la vida cotidiana nacional. Es uno de los tres grandes problemas que más preocupan a la sociedad mexicana, después de la inseguridad y el desempleo. Es probable que un embate frontal a la corrupción contribuiría a resolver en algo la inseguridad en la que se encuentra sumergido el país. Los mexicanos consideran, con base en datos del Inegi, que las corporaciones policiacas son la parte más corrupta del entramado institucional (89.7 por ciento), seguida de los partidos políticos y el Ministerio Público (84.4 y 78.4 por ciento, respectivamente, El Economista, 17/VI/14).

Es preocupante que día a día un escándalo relacionado con la corrupción aflore. Y es más preocupante que no se tenga la infraestructura institucional para combatirla: la impunidad generalizada. Lo explica el hecho de que la policía y el Ministerio Público, dos piezas claves para combatirla, son ineficaces en el desempeño de las funciones que les fueron encomendadas. La corrupción es un obstáculo al crecimiento y afecta negativamente a la sociedad, que tiene que padecer las consecuencias de un andamiaje institucional corrupto e ineficiente.

Un especialista en el tema (Stephen Morris) define el término en cuestión como “el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado”. Otra definición (Gustavo Brizio) designa a la corrupción como “todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental (para) beneficio personal o político: el uso arbitrario del poder”.

Si se revisara la historia de México bajo la óptica de estas consideraciones, se haría una lista interminable de hechos que encajan en las mismas y, lo peor, es que al corrupto (individuo o institución) es casi improbable que se le sancione por el ilícito cometido. Muy pocos “peces gordos”, como se decía en el sexenio foxista, han sido consignados en la historia de este país. Con frecuencia se encuentra que el acto corruptor es considerado como no grave, por lo que el presunto responsable puede ser enjuiciado (y seguramente con el tiempo absuelto) en completa libertad. Sirva de ejemplo el caso de Oceanografía.

Un artículo reciente estima que la ausencia de controles, esto es la deficiencia de la infraestructura institucional contra la corrupción, ha provocado que el país deje de recibir hasta 20 por ciento de inversiones extranjeras (Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad). Según este instituto, México tiene una calificación de 2 puntos, en una escala que oscila entre el uno y el diez, al tratar de controlar la corrupción. Esto significa que solo puede atraer 1.7 de inversiones de 10 posibles (M. Castillo y M.E. Jiménez, (MILENIODiario, 27/VII/14).

La CNA tendría que ser un organismo descentralizado cuya función principal no es detener a un corrupto sino construir una sólida base institucional que permita detectar y evitar, por la vía de mecanismos jurídicos e institucionales, las malas prácticas que hacen a México un país altamente corrupto. Su manejo de los recursos públicos deja mucho que desear. ¿Qué decir del sindicato petrolero y su albacea Pemex, que demuestran que una buena parte de los dineros que manejan se usan para beneficios privados?

Disminuir la corrupción implicaría el incremento de las inversiones y contribuiría a acelerar el crecimiento económico, por lo que tendríamos niveles mejores de desarrollo humano. Por ello es urgente que en medio de un ambiente reformista, la constitución de la CNA sea puesta en marcha como un objetivo prioritario. No hacerlo significa que la impunidad irá cuesta arriba y la legitimidad que necesita todo gobierno para impulsar los cambios quedará en buenos deseos, como fue el caso de la Renovación Moral impulsada y olvidada durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).

jreyna@colmex.mx