De paso

La Auditoría Superior de la Federación, ¿sirve?

Este órgano cumple su función, pero el sistema en el que opera nulifica cualquier recomendación, señalamiento o acusación que de sus indagaciones puedan derivarse.

En medio del despliegue mediático que produjo la captura de El Chapo Guzmán, poco interés se le ha dado al último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2012). Puede desprenderse que, con base en sus auditorías, el manejo de los recursos públicos en nuestro país es extremadamente opaco. Se ha insistido en que en la medida que ese organismo, coadyuvante del Poder Legislativo de la Federación, no tenga autonomía de gestión, la transparencia en el manejo de los recursos públicos será retórica, impune y de poca significación: un tiburón sin dientes.

La ASF es uno de los organismos del Estado que cumplen a cabalidad su función: auditan y denuncian las faltas en las que incurren las diversas dependencias del sector público, esas que financian nuestros impuestos. La ASF cumple su función, pero el sistema en el que opera nulifica cualquier recomendación, señalamiento o acusación que de sus indagaciones puedan derivarse. Indicia y recomienda, pero no consigna.

El último informe del auditor (J.M. Portal), presentado hace unos días, señala que 96 por ciento de las denuncias hechas por la institución a su cargo termina “en la nada”. Sin autonomía de maniobra, y por tanto carente de facultades para llevar a cabo una demanda penal o de otra índole, las auditorías que muestran el uso indebido de los recursos públicos, terminan en un archivo, sin castigos a los responsables de los ilícitos y casi sin la posibilidad de recuperar el dinero mal invertido, mal utilizado, o de plano robado. Sigue vigente la pauta histórica nacional: el poder político es el camino más corto para el enriquecimiento (in)explicable.

Si se analizan las tres últimas administraciones presidenciales, la de Ernesto Zedillo (1994-2000), la de Vicente Fox (2000-2006) y la de Felipe Calderón (2006-2012), la última encabeza el número de denuncias presentadas: 457 irregularidades, cifra que supera de manera significativa a las de sus predecesores. Llama la atención que el último año de esa gestión presidencial (2012) se encuentra el mayor número de desviaciones de los recursos públicos: suman 147 que representan un tercio del total de las habidas en ese sexenio (El Financiero, 25/II/14). De acuerdo con el informe, solo se ha procedido en 19 casos y las sanciones han sido insignificantes. Ningún pez gordo, solo funcionarios medios y bajos. La recuperación de lo “perdido” representa un monto irrisorio de la cantidad malgastada.

Estrictamente hablando, 2012 (año de Hidalgo) fue para Calderón el mejor año de su sexenio. De acuerdo con la ASF, la deuda bruta se incrementó, entre 2006 y 2012, de 2.3 billones de pesos a 5.5 billones, cifra ésta superior al presupuesto que la Federación ejercerá este año. Si se recuerda, en los seis años del calderonato, los precios del petróleo estuvieron por encima de los 100 dólares el barril y, pese a que el mundo experimentó una crisis financiera (2008-2009), el dinero no dejó de fluir en las arcas públicas y en el dispendio de la clase política. Hubo crisis en la sociedad, no en la clase política.

La ASF señala que la Secretaría de la Función Pública, esa dependencia cuya función es la vigilancia del uso riguroso y apegado a la ley de los recursos públicos, no ha consolidado un sistema de control interno sobre el que se manejen las dependencias del gobierno federal. La opacidad sigue imperando y la transparencia es una utopía.

Sirva de ejemplo la Estela de Luz que, a pesar de que la obra no se concluyó a tiempo, el presupuesto del monumento para conmemorar el bicentenario de la Independencia de México se disparó de 393 millones a más de mil millones (ASF). Si se revisa, toda obra presupuestada al inicio acabó duplicando su monto al doble.

De acuerdo con la ASF, 2012 es el año en el que más irregularidades se han encontrado en un ejercicio anual desde que esta institución se ha encargado de hacer auditorías periódicas (La Crónica, 21/II/14). Se impone, por tanto, que la Cámara de Diputados, de la que depende la ASF, emprenda una investigación a fondo para saber todas las irregularidades cometidas en el sexenio pasado y en cualquier momento anterior. No podemos quedar conformes que los recursos públicos sirvan para amasar fortunas personales de los gobernantes en turno a costas de la enorme pobreza y desigualdad de nuestra sociedad. La ASF tiene que servir para que todo recurso público sea aplicado debidamente y, de no ser así, enjuicie. Mientras eso ocurre, vale la pregunta: ¿sirve la ASF?

jreyna@colmex.mx