De paso

Arbitrariedad universitaria en Morelos

La semana pasada ofrecí algunas cifras desalentadoras de los egresados universitarios. El destino de 40 por ciento de los profesionistas titulados es el desempleo y, en el mejor de los casos, los trabajos informales. Héctor Aguilar Camín escribió que “nuestro bachillerato público no está produciendo jóvenes capaces de seguir estudiando, ni de insertarse bien en el mercado de trabajo. Produce minusválidos educativos y laborales….” (MILENIO Diario, 11/VIII/15). Si elevamos el problema al nivel de la educación superior, lo anterior podría ser una explicación, entre otras, de por qué los egresados universitarios no encuentran trabajo y, de encontrarlo, sus salarios son cercanos al de la penuria. ¿Es conveniente, en consecuencia, seguir invirtiendo en educación media superior y superior? La respuesta es un rotundo sí, bajo la condición de que se incremente la calidad educativa y se eleve el nivel del cuerpo docente.

Que haya malos estudiantes no quiere decir que todos sean malos estudiantes. Cuando la UNAM abre su convocatoria para ingresar a la licenciatura, tan solo uno de cada 10 es admitido. Sucede lo mismo en la UAM o en el IPN. Infortunadamente, desde la educación básica pública hasta el bachillerato existen deficiencias. Pero también tendría que haber una disponibilidad de espacio en la universidad para aquellos que aspiran a un título profesional y cumplen los requisitos.

Por eso llama la atención un caso de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM). En vez de impulsar a sus estudiantes a superar los retos implícitos en una carrera profesional, las propias autoridades les cierran las puertas, de manera arbitraria, a los estudiantes aceptados sobre la base de criterios burocráticos y no de mérito. Es por eso que estas líneas tienen el propósito de denunciar una arbitrariedad universitaria. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa institución, algunos alumnos (ocho), después de haber sido aceptados (aprobaron el examen de admisión) en alguna de las carreras que esa dependencia ofrece, fueron dados de baja por no haber asistido (aunque estaban presentes) a una “Conferencia de Inmersión a la Licenciatura en Seguridad Ciudadana”. El profesor Humberto Serrano Guevara les impidió la entrada a esa actividad, motivo por el que fueron dados de baja (16 de julio de 2015). Que se les prohíba el ingreso para justificar una expulsión no es aceptable. Y lo peor: el director de esa Facultad (Lic. Vergara) avala la absurda medida. El cuerpo directivo de esa Facultad del susodicho tiene cualidades que se asemejan a las de una dictadura y no a la de un cuerpo universitario.

La premisa de que los rasgos de un sistema se reproducen en todas sus partes tiene sustento. Sirva de ejemplo la película Presunto culpable (2011). El juez condena a una persona a pesar de que las pruebas indican lo contrario. O los jóvenes que les fueron plantadas drogas en su equipaje y, sin prueba contundente, son tratados peor que a rufianes. Es lamentable que una institución universitaria reproduzca los vicios que invaden a la justicia que tenemos en el país. Que cercenen las aspiraciones profesionales de estudiantes. Las autoridades superiores de esa universidad, el rector, los consejos Técnico y Universitario o alguna defensoría de la propia institución tendrían que revisar el caso. No hacerlo sería una injusticia. Denigra, además, a la institución y robustecen las prácticas malsanas que abundan en el país. La arbitrariedad, el autoritarismo y la educación no son compatibles en el ámbito universitario.

 

jreyna@colmex.mx