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¿Qué pasa en la PGJDF?

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, anunció el 13 de agosto de 2014 que a partir de esa fecha elementos de la dependencia a su cargo operarían retenes para -en forma aleatoria- revisar vehículos y verificar identidades de los conductores y, en su caso, ejecutar órdenes de aprehensión.

Además de que los retenes son anti-constitucionales y la vigilancia no es tarea de la procuraduría, resulta que ahora el método de investigación de la PGJDF es... lo que la suerte decida.

Pero esa es una de las no pocas irregularidades que hay en la PGJDF bajo el mando de Rodolfo Ríos. Otra es la fabricación del delito de trata contra muchas personas que no lo han cometido, pero a las que se usa para abultar la estadística y simular "eficiencia".

Una irregularidad más es el uso que de la PGJDF ha hecho Guillermo Martínez Cortés, consejero secretario del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, como una suerte de oficina de cobros extorsivos.

El señor Guillermo Martínez fue defraudado por un ex cuñado, quien falsificó documentos y vendió propiedades del primero como derechos litigiosos. El ofendido presentó denuncia penal ante la PGJDF, pero ha presionado para que la investigación no se oriente contra su victimario, sino contra dos notarios públicos que dieron fe de la operación de compra-venta y fueron sorprendidos.

Mediante un sujeto que se ostenta como su abogado, Martínez exige a un notario el pago de medio millón de pesos para retirar la acusación en su contra, a pesar de que no se ha acreditado que los notarios estén coludidos con el defraudador o se hayan beneficiado del fraude. Además, el Colegio de Notarios ha opinado que los dos fedatarios actuaron en apego a los procedimientos legales.

Pero el sujeto que se ostenta como abogado de Martínez no opera solo, sino con el apoyo del agente del Ministerio Público del caso, quien presiona a los abogados del notario para que acepte pagar el dinero que les piden, además de que no investiga al verdadero victimario.

El procurador Rodolfo Ríos tiene la solicitud de poner remedio. No lo ha hecho. Parece entonces que él avala el actuar ilegal de sus colaboradores.