Tiro libre

El negocio de “están vivos”

Por fin la PGR se atrevió a decir lo que debió haber dicho desde noviembre de 2014: los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa privados de la libertad el 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados entre ese día y el siguiente.

El que solo una de las víctimas haya sido identificada plenamente, no desvirtúa la afirmación de que los restantes 42 desaparecidos también fueron asesinados y sus restos calcinados, al grado de no dejar el menor rastro útil de ADN.

Es muy probable que varios de los padres de las víctimas no crean que sus hijos están muertos, porque ante una situación tan atroz los seres humanos nos aferramos a la negación antes de pasar al duelo. Pero otros de esos padres y todos los demás que insisten en que los desaparecidos están vivos, saben perfectamente que su afirmación es falsa, pero es políticamente lucrativo insistir en tal mentira.

Tres parecen ser los objetivos de seguir insistiendo en que los 43 alumnos siguen vivos y supuestamente retenidos por alguna autoridad gubernamental (¡federal!).

El primer objetivo es mantener la cortina de humo sobre la participación de políticos de izquierda en el peor acto de violación de los derechos humanos, desde la masacre del 2 de octubre de 1968.

El segundo es causar un clima de crispación que redunde en el desgaste político y la eventual deposición del gobierno del Presidente Peña.

Y el tercero es ocultar la probable intervención de otros actores, distintos a los de la izquierda, en la maquinación de los hechos de Iguala.

Respecto a esto último, llama la atención el afán de los asesinos por intentar borrar el menor rastro de los desaparecidos. Es como si quienes les ordenaron a los sicarios a proceder así, hubieran buscado un desenlace como el actual, donde hay una gran incertidumbre sobre lo sucedido, que da pauta a sospechas sobre el gobierno federal y a acusaciones.

Desde hace años los sicarios de los grupos criminales eliminan sistemáticamente los restos de aquellas víctimas que no simplemente ejecutan y cuyos cadáveres abandonan donde sea. Pero el esmero por eliminar el menor rastro de la masacre de Iguala es singular y debe ser una línea de investigación prioritaria de la PGR en un caso que, por supuesto, no está cerrado.