Tiro libre

4 medidas que deben adoptar ¡ya!

1. El gobierno federal requiere de asistencia internacional ante la dificultad para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero falló al pedirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que preside Emilio Álvarez Icaza, quien ha confirmado su mezquindad al no atender el pedido con la celeridad requerida, pues está más interesado en desgastar al gobierno de Enrique Peña que en ayudar a hallar a los desaparecidos. El gobierno debe solicitar urgentemente la colaboración de los gobiernos de Colombia, Perú y Guatemala, con amplia experiencia en la materia.

2. El gobierno debe actuar cuanto antes (en realidad debió hacerlo desde hace un mes) contra los mandos y tropas del 27º Batallón de Infantería por las graves omisiones en que incurrieron ante los hechos del 26 de septiembre. El no haber actuado contra los elementos castrenses da base para la acusación de que el gobierno federal no sólo participó en la desaparición de los estudiantes, sino que es su principal responsable. Es menester establecer si el jefe del batallón falló por pura negligencia o se confabuló con los agresores.

3. El gobierno federal debe actuar sin más demora en contra del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y sus colaboradores por sus graves omisiones y su muy probable colusión con los responsables directos de los hechos del 26 de septiembre. Esta actuación podría arrojar pistas verdaderas sobre el paradero de los desaparecidos. La detención de José Luis Abarca quizás pueda ayudar a esclarecer la complicidad de Aguirre.

4. ¿Pacto por la Seguridad??? Yo dudo mucho si en este momento, cuando no han sido localizados los desaparecidos, sea el adecuado para convocar a un nuevo pacto por la seguridad, que nacería por ello mismo maltrecho (y esto sin entrar en su contenido). Pero la clase política parece muy interesada en impulsarlo. A ésta y al gobierno federal en particular cabe advertir: no debe ser una repetición de la farsa de 2008, cuando se asumió un acuerdo sin compromisos verdaderos y sin consecuencias para quienes no los honraran. Y ese es el quid del problema: no hay sanción para quienes fallan en su obligación de garantizar seguridad o se coluden con criminales, solo excepcionalmente. Entiendan: el país ya no aguanta ni una simulación más.