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Michoacán: resolver el problema o empeorarlo

El gobierno del presidente Enrique Peña, en la etapa más reciente de su intervención en Michoacán, ha tenido innegables logros: haber dado muerte a Nazario Moreno, máximo líder de Los Templarios cuando intentó detenerlo; la aprehensión de Dionicio Loya y el abatimiento de Enrique Plancarte, dos de los principales jefes de la organización criminal, y la detención y arraigo –por presuntamente proteger a todos los anteriores- de Jesús Reyna, el hasta entonces secretario de gobierno y brazo derecho del gobernador Fausto Vallejo.

Tanto o más importante que estos golpes es la desaparición del expolio impuesto por Los Templarios a la población, al menos en la región de Tierra Caliente, expolio que fue la causa del surgimiento de las autodefensas.

Ante ello el gobierno ha manifestado que al desaparecer las causas del surgimiento de las autodefensas, es inminente su desarme y ya ha hecho los primeros amagos para desarmarlas en forma compulsiva.

Los voceros de las autodefensas han rechazado la pretensión, pues argumentan que Los Templarios todavía no están liquidados.

El gobierno del presidente Peña se encuentra en una posición en la cual puede coronar su intervención con un importante éxito o verlo gravemente empañado.

Si persiste, pronto podría lograr la desarticulación –en lo fundamental- de Los Templarios. Todavía falta hacer capturas importantes, como la de Servando Gómez, seguir la investigación de protectores y erradicar todo pago de derecho de piso. Además, a mayor plazo, el gobierno tiene la tarea de impedir que Los Templarios se reconstituyan o vengan a sustituirlos otros grupos criminales.

Pero el gobierno podría cometer el error de precipitarse y forzar el desarme de las autodefensas y que esto dé lugar a nuevas muertes, perfectamente evitables.

Los mismos líderes de las autodefensas se han autoimpuesto el límite del desarme: cuando todos los principales jefes templarios hayan sido detenidos y eso parece estar cerca ¿Para qué precipitarse entonces?, ¿para qué convertir lo que ha sido una eficaz y esperanzadora intervención en una acción torpe y represiva contra quienes, no hay que olvidarlo, son parte de las víctimas de la tragedia sufrida por Michoacán y han ganado amplio apoyo de la opinión pública?