Tiro libre

Maquinan evasión “legal” de secuestradora

Sobre la primera evasión de Joaquín Guzmán, en enero de 2001, surgieron versiones de que en realidad se trató de una excarcelación pactada entre el capo y el gobierno de Vicente Fox.

El propósito sería que Guzmán pusiera "orden" entre narcos y moderara su violencia. El que Guzmán no hubiera sido recapturado bajo el gobierno de Fox hizo verosímiles esas versiones, como también las de la protección al capo por parte del gobierno de Felipe Calderón, que tampoco lo recapturó. Si hubo protección a Guzmán durante 12 años dizque para moderar la violencia, el resultado fue diametralmente el opuesto.

Ahora menudean versiones acerca de que la segunda evasión de Guzmán habría sido también pactada con el actual gobierno. Lo escandaloso de la fuga da vuelo a las suspicacias, pero son poco creíbles.

¿Para que querría el gobierno del presidente Peña cargar con el escándalo de una segunda fuga del capo si, en tal caso, lo más sencillo hubiera sido que de plano no se le hubiera detenido?

Pero mientras la atención de la opinión pública se concentra en la segunda fuga de Guzmán, casi pasa desapercibida la evasión "legal" de la secuestradora Nestora Salgado y otros delincuentes, que maquina el gobernador de Guerrero y socio de las FARC, Rogelio Ortega.

El plan de excarcelar a Salgado y a otros criminales lo viene fraguando Ortega desde que tomó posesión como gobernador. Si ahora se apresura a perpetrar su crimen, ya sea mediante el desistimiento por parte de la procuraduría local o ya sea mediante la amnistía aprobada por el congreso local, es porque Ortega aprovecha la coyuntura de distracción que significa la segunda fuga de Guzmán.

No sorprende el actuar de Ortega, militante subversivo implicado en secuestros como denunciamos penalmente desde 2009. Él sigue con su script de favorecer a sus camaradas terroristas, tanto como le sea posible.

Lo importante es lo que hagamos para impedir la consumación de esta atrocidad, mucho más grave que las dos fugas de Guzmán juntas. Las víctimas de la secuestradora Salgado deben hacer valer todos los recursos legales y denunciar la maquinación en su contra.

Y el gobierno del presidente Peña no puede darse el lujo de cargar con otro escándalo en medio del escándalo.