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Inseguridad: Peña toca el meollo

Frente a la problemática de Michoacán, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tuvo en una primera fase una actuación errónea. Pero en los dos últimos meses hubo importantes correcciones y resultados innegables.

El gobierno decidió actuar con decisión contra la causa de la aparición de las autodefensas: el expolio impuesto a los michoacanos por el grupo criminal de Los Templarios. Aun cuando falta capturar a varios líderes y desmantelar toda la estructura de esa organización de depredación, se le han propinado golpes certeros y se ha puesto fin al expolio al menos en la región de Tierra Caliente, precisamente en donde las autodefensas aparecieron.

Pero las acciones más importantes se han dado en las dos últimas semanas, con la detención de Jesús Reyna, el titular de la Secretaría de Gobierno de la administración de Fausto Vallejo Figueroa y los presidentes municipales de Apatzingán y Tacámbaro. Cierto es que estos últimos fueron detenidos por agentes de la procuraduría local, pero es claro que la iniciativa vino del gobierno federal.

Y estas detenciones, que deberían ser el inicio de acciones contra gobernantes y ex gobernantes locales de Michoacán (y muy probablemente también de algunos mandos federales), son muy relevantes pues tienen que ver con la causa principal de que Michoacán haya llegado a donde llegó: la colusión de gobernantes con los criminales.

Pero la relevancia de estas acciones trasciende con mucho a Michoacán. De hecho la causa central de la prolongada crisis de seguridad que ha vivido México y en particular en la última década, es la colusión.

Esto no significa que en todos los casos de escalada criminal la colusión sea la causa central, pero el contubernio de gobernantes con los delincuentes sí explica la situación en la mayoría de los puntos del país donde la inseguridad ha sido más extrema y sobre todo afectó a las personas inocentes, ajenas a las disputas entre criminales.

Caso representativo de ello es la pesadilla que Tamaulipas ha sufrido. La intervención urgente y con determinación que el gobierno federal debe tener en este estado, sólo resultará si, como en el caso de Michoacán, no sólo se actúa contra las estructuras criminales sino además contra los gobernantes coludidos con los capos.