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Guerrero: el principio del fin

Los senadores del PRI, PAN, PVEM y PANAL tienen los votos suficientes para declarar la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, nombrar gobernador provisional y convocar a comicios extraordinarios, aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se oponga.

La desaparición de poderes en Guerrero es un asunto decisivo, no politiquería, porque abre la oportunidad de iniciar la reforma más importante y urgente y que la presente administración federal, como las anteriores, han eludido: la reforma al sistema de justicia penal.

El modelo de policía y procuración de justicia que debe sustituir al actual no es cosa del otro mundo: se trata de que los responsables de la seguridad pública, en particular las autoridades políticas, cumplan sus obligaciones de prevenir el delito y perseguirlo, pero si no lo hacen deben ser sancionadas duramente por ello.

La tragedia de México, que le impide salir de su prolongada crisis de inseguridad, es que no hay consecuencias políticas ni jurídicas para las autoridades que son las responsables de este desastre.

Vamos de masacre en masacre –la más reciente es la de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa- y en el mejor de los casos los autores materiales e intelectuales son castigados, pero nunca las autoridades políticas que fueron omisas, se coludieron con los grupos criminales y permitieron que esas atrocidades tuvieran lugar.

Tolerar a gobernantes asociados con criminales o que los solapan, lo único que ha traído es que los políticos en el poder sean cada vez más omisos y estén más coludidos, con mayor detrimento de la seguridad pública.

La única excepción a la regla de la impunidad política -así sea de manera muy parcial- es Michoacán, con un gobernador renunciado y su secretario de gobierno preso, al igual que varios alcaldes.

Deponer al mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero sólo debe ser el principio. Hay que investigarlos a él, a sus colaboradores y a todos los alcaldes y en su caso acusarlos penalmente y encarcelarlos. Pero eso apenas sería el fin del principio.

Para que el cambio sea verdadero y la decisión de poner fin a la impunidad sea creíble, hay que hacer lo mismo en otros estados, en primer lugar en Tamaulipas, donde la situación (expolio y agresión a víctimas inocentes, colusión) es todavía peor que en Guerrero.