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Cifras oficiales no son confiables

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer sus cifras preliminares de homicidios (dolosos) en 2013, con base en las actas de defunción.

El total nacional del INEGI es un 25% superior al del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con base en los reportes de las procuradurías de las entidades federativas.

Pero, respecto a 10 entidades federativas, las cifras del INEGI son entre 30 y 158% más altas que las del SNSP. Los peores casos son los de Zacatecas (diferencia de 158%), Tabasco (74%), México (70%) y Tamaulipas (59%), Chihuahua (48%) y Distrito Federal (48%).

Se nos va a decir que las diferencias estriban en que el INEGI cuenta víctimas y el SNSP averiguaciones previas iniciadas, pero esta es una mentira a medias. Unas procuradurías sí han contado víctimas y otras, la mayoría, averiguaciones. Es inadmisible que en lugar de contar víctimas -según los usos universalmente aceptados- se cuenten averiguaciones previas, y, sobre todo, queriendo hacer pasar averiguaciones por víctimas.

La verdad es que la mayoría de los gobiernos estatales reportan al SNSP cifras inferiores a las reales, para simular una incidencia criminal menor y aparentar eficacia.

Tampoco estamos seguros que las cifras del INEGI sean las exactas. Ya hemos documentado casos en que esta institución subregistra homicidios y no por deshonestidad (el INEGI es honesto), sino porque su fuente (las actas de defunción) son manipulables por gobiernos locales empeñados en el engaño.

Pero si respecto a los homicidios al menos se cuenta con la fuente alternativa de información del INEGI, no es el caso del resto de los delitos. Y no nos referimos aquí a la cifra oculta, a los delitos no denunciados, sino aquellos que sí lo son y cuyas cifras son falsificadas a la baja. Ya hemos documentado casos respecto a secuestro, pero la práctica se extiende a otros delitos.

Por eso, cuando los gobernantes proclaman la mejora súbita de la seguridad debido a sus políticas casi milagrosas, expresamos fuertes reservas, pues se basan en estadística (parcialmente) manipulada.

Disponer de información verídica y confiable sobre incidencia criminal, debería ser una elevada y urgente prioridad del gobierno federal.