Articulista invitado

La libertad personal y la libertad de tránsito de los migrantes en México

En las últimas dos décadas México ha cobrado importancia como territorio de tránsito de diversos flujos migratorios que se dirigen al norte del continente. De acuerdo con cifras oficiales de 2011, entre 2007 y 2010 se produjeron anualmente más de 300 mil entradas irregulares de personas migrantes centroamericanas por la frontera sur del país. La gran mayoría de las personas migrantes son originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que enfrentan graves problemas sociales y políticos con altos índices de violencia.

La ausencia de documentación migratoria y el temor a ser aprehendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) en retenes que se colocan en diversas partes del país, provoca que las personas migrantes viajen en la clandestinidad, utilizando rutas peligrosas y exponiéndose a importantes peligros para su vida.

Diversos actores dedicados a su protección y atención han denunciado los innumerables abusos cometidos en su contra, tanto por autoridades como por agentes privados, lo que ha generado una situación que podría considerarse una crisis humanitaria.

Frente a esta realidad, en días pasados, hombres, mujeres y niños migrantes centroamericanos, acompañados por defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y personas que les brindan asistencia humanitaria, iniciaron en la frontera con Guatemala una marcha por el país para denunciar los abusos y violaciones de las que son víctimas en su paso por México.

Esta marcha es también una denuncia de la política migratoria mexicana que ha privilegiado un enfoque de seguridad nacional que criminaliza al migrante y no garantiza sus derechos humanos, a pesar de las obligaciones que tanto en la Constitución como en los tratados internacionales tiene el Estado al respecto.

En efecto, políticas públicas y disposiciones legales en materia migratoria criminalizan a las personas migrantes y restringen sus derechos, sin que dichas limitaciones sean constitucionales ni compatibles con las obligaciones internacionales del país en la materia.

Al respecto, cobran especial interés los denominados retenes migratorios y las detenciones en estaciones migratorias a las que son sometidas las personas migrantes que no acrediten una estancia regular en el país, medidas a las que la autoridad destina un número importante de recursos y que constituyen dos de los pilares de su política migratoria.

La política migratoria y la legislación en la materia criminalizan la migración, al permitir al INM realizar actos de molestia a mexicanos y extranjeros mediante revisiones migratorias fuera de los puntos internacionales destinados específicamente al ingreso o salida de personas del país.

Los denominados retenes, que los migrantes luchan por evitar, ponen en tela de juicio lo establecido en el artículo 11 constitucional sobre el derecho a transitar en el país sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Además, estas revisiones migratorias suelen obedecer a criterios arbitrarios y/o discriminatorios aplicados por los agentes del INM, quienes sin contar con una orden que cumpla con los requisitos legales mínimos, solicitan a las personas comprobar su situación migratoria basándose en criterios discriminatorios, como el color de la piel, el acento o el idioma de las personas.

En caso de ser detectados en alguna de estas medidas de control migratorio, las personas migrantes que no puedan acreditar una estancia regular en el país son detenidas en alguno de los 58 centros de detención (estaciones migratorias y estancias provisionales) para personas sin papeles que hay en el país. En 2013, el INM registró 86 mil 929 extranjeros detenidos en estaciones migratorias (de los cuales 9 mil 893 eran menores de edad). La Ley de Migración permite al INM la detención de personas migrantes por plazos que van de las 36 horas (presentación), hasta 60 días naturales (alojamiento). También establece que si se actualizan ciertos supuestos, los plazos se podrán extender, por lo que la persona puede ser privada de su libertad indefinidamente.

La detención administrativa de personas migrantes, eufemísticamente denominada “alojamiento”, no está prevista en la Constitución y supera cualquiera de los plazos que la misma confiere a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona, incluso para delitos relacionados con el  crimen organizado.

Por otra parte, los tratados internacionales de los que México es parte y las sentencias de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que la entrada ilegal de una persona a un país no le da al Estado un poder automático de detención.

Antes de detener administrativamente a una persona, la autoridad debe considerar otros medios que permitan alcanzar los mismos objetivos sin interferir con el derecho a la libertad y la seguridad personales. A pesar de lo anterior, en México la detención migratoria se aplica de manera automática, como regla y no como excepción, y son muy pocas las ocasiones en las que se buscan formas alternativas a la detención, incluso en el caso de niños, niñas o adolescentes y otros grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Pese a la magnitud de los flujos migratorios que transitan el país, de las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las personas migrantes y de la relevancia de la política migratoria en el Estado mexicano, en la actualidad no hay criterios judiciales acerca de los estándares mínimos que deben seguir las autoridades para evitar violentar los derechos humanos de las personas migrantes, en particular, la libertad personal y la libertad de tránsito.

La ausencia de criterios judiciales, así como de recursos legales efectivos para garantizar los derechos de las personas migrantes, ha propiciado el empleo y abuso por parte del INM de políticas públicas que restringen de manera injustificada los derechos de las personas migrantes en clara contravención a las normas constitucionales y a las obligaciones internacionales de México en la materia.

La marcha —o viacrucis— que han emprendido en días pasados miles de migrantes en nuestro país y las denuncias que se han hecho durante la misma exigen una respuesta por parte del Estado mexicano.

Esperamos que el Poder Judicial dé el primer paso y se pronuncie respecto de la constitucionalidad y el apego a estándares internacionales (convencionalidad) tanto de la detención en estaciones migratorias como de los retenes discriminatorios en el país.

* Presidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas AC y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.