Touché!

¿Quién mató al estudiante?

Para matar estudiantes en México, no hace falta más que quererlo. Ya sea con un arma, ya sea de hambre, ya sea de olvido.

Porque el que quiere, no es responsable más que de su deseo, y ahí, en el querer, nadie manda, nadie responde, nadie resulta realmente culpable, nadie visible al menos. Y lo que no se ve, no se castiga, no pasa nada.

Allá en el Tlatelolco del 68, los muertos fueron más de 200. Las cifras oficiales dicen que 20. Hay 180 fantasmas aún sin descanso ni gloria. No han merecido un nombre ni una flor por parte del Estado. Nunca la tendrán, por lo menos por parte de los responsables directos que han muerto en su casa, los ha llevado la vejez o simplemente aún son invisibles. Díaz Ordaz, en su informe de gobierno dijo “… asumo integralmente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones federales en relación con los sucesos (de Tlatelolco.)” Pero esas fueron palabras vacías. Nunca reconoció realmente su responsabilidad directa en los hechos y mucho menos, fue sujeto de averiguación alguna.

Otro caso reciente. El 26 de septiembre pasado, normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaron contra las políticas educativas del estado, y fueron reprimidos. Las cifras oficiales acusan seis personas sin vida, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos. Todavía no acaba la cuenta, pero se han encontrado ya algunas fosas en Iguala con cuerpos calcinados, presuntamente relacionados con los hechos.

Acá tampoco aparecen los responsables. Participaron policías ministeriales, municipales y hasta se sospecha que integrantes del crimen organizado.  Palabras del presidente Peña Nieto: “Hay coordinación del gobierno de la República con los gobiernos estatales, pero también es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales… Aquí estamos en una amplia coordinación, una gran disposición para sumar esfuerzos y para sumar la fuerza federal a los esfuerzos locales pero no sustituirlos o remplazarlos o asumir responsabilidades que corresponden a los gobiernos locales”. Mientras tanto, el gobernador Ángel Aguirre responde que sí hay cooperación pero al mismo tiempo, su policía es insuficiente. Al corte de caja, ninguno es suficientemente responsable.

La pregunta inmediata, refiera a la responsabilidad de la muerte y violación a los derechos humanos de tales estudiantes. La pregunta que sigue, es la responsabilidad en la descomposición de un gobierno insuficiente para mantener un estado de derecho que prevalezca, no solo en una entidad conflictiva, sino en el país en general. Un estado al fin, que tenga a la educación en un lugar muy otro al deplorable que hoy reina. Evidentemente, si de la primera pregunta es difícil deslindar los hechos y las responsabilidades, mucho más de lo segundo.

Cuando se fragmenta la historia y se conmemoran los actos violentos para decir “nunca se olvida”, se refuerza sí, la permanencia de la memoria y la llamada de atención a las arbitrariedades que pretendemos no repetir. Pero también se difracta el recuerdo, se romantiza el dolor y se propicia lo peor: una memoria sin contexto.

Desde el punto de vista de quien esto escribe, el contexto de las revueltas estudiantiles está reflejado en un tercer hecho estudiantil: miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, defendiendo su legítimo derecho a hacer valer su calidad como profesionistas, salen a la calle para protestar por un sistema que cada día nos vuelve más prescindibles y mercantiliza el trabajo en aras de la “competitividad”. Un “técnico” siempre valdrá menos que un “licenciado”. Mano de obra barata para el nuevo conquistador económico en turno.

Ese es el otro contexto de la violencia estudiantil. La de entonces y la de ahora. Como se ve, no basta decir, ese policía es mío, ese policía es tuyo, todos desaparecen, aquí no pasó nada. En ese nivel de discusión y de responsabilidad, matar estudiantes es cosa de quererlo.

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