A Rajatabla

Muros y retenes

Frente al flagelo de la inseguridad y la ofensiva del crimen organizado, los ciudadanos buscan defenderse, así sea renegando de los derechos humanos que tantos siglos tomó aprender a custodiar.

Quieren volver a la pena de muerte, añoran la llamada Ley Fuga, se haría el disimulado ante la tortura; quisiera ver a los delincuentes en una jaula y vestidos a rayas.

En la práctica no llegan a esos extremos. Ni presionan para modificar el rigor de las leyes penales.

Pero lo que sí hacen esos ciudadanos es exigir que se limiten algunas garantías en su afán por salvaguardar la vida y el patrimonio familiar.

En Monterrey, los vecinos amurallan sus barrios, cierran sus calles, con la autorización convenenciera de su alcaldesa Margarita Arellanes.

Pero el libre tránsito por las calles es derecho de los ciudadanos que no son necesariamente vecinos.

En San Pedro y con el aval del alcalde Ugo Ruiz se establecen retenes a las entradas de Monterrey y Santa Catarina en respuesta a una ola de robos a casas habitación.

Ya de por sí es ultrajante la aseveración tácita de “en este pueblo no hay ladrones”. Llegan de los municipios vecinos.

Pero además no hay frontera legal o física entre los municipios. Es estrictamente inconstitucional colocar retenes en los accesos.

Ese es el desafío de los países democráticos: combatir a los criminales exclusivamente con estrategias legales, sin caer en la competencia de arbitrariedades con ellos.