A Rajatabla

Mandan al matadero

En Nuevo León sí hay pena de muerte. La aplican Los Zetas que mandan en el penal del Topo Chico y actúan como coadyuvantes funcionarios del Poder Judicial.

La muestra es el caso nada excepcional del ex militar y ex policía Carlos Pérez González, detenido por transportar los cuerpos de dos secuestrados de Nuevo Laredo.

Bajo investigación, el delincuente reveló los pormenores del secuestro y asesinato, y echó de cabeza a los criminales de un grupo delictivo, el mismo que domina el Topo Chico.

Era sencillo predecir lo que le iba a pasar si llegaba al penal: Los Zetas lo juzgarían, atormentarían y finalmente lo ejecutarían.

Se entiende la justicia atroz, la maldad de esos dueños del reclusorio.

Pero más alevosa y ofensiva es la conducta del juez que lo mandó al matadero. Es complicidad con los cárteles o negligencia criminal.

Los jueces responsables, en casos así, evitan mandar a los procesados al Topo Chico. Disponen que los manden a los otros dos penales del estado.

“Sentencias” como la del ex militar se ejecutan hasta 50 veces al año. Y siguen impunes los proveedores de víctimas, jueces y ministerios públicos.

Abogados respetables sospechan que no hay negligencia sino complicidad. Y que auditorías personales revelarían fortunas no justificadas y hasta ostentosas de esos funcionarios de la justicia.