A Rajatabla

Libertinaje

La Suprema Corte dijo que todo se vale en las campañas electorales, refiriéndose particularmente a Nuevo León; dijo que están permitidos el insulto y la denigración de los candidatos, que están protegidos por las garantías de libre expresión. Jurídicamente es impecable su razonamiento, pero la moral pública condena esas campañas negras, y  tampoco nos beneficia en nada esa guerra de pasteles de lodo.

Tenemos los indicios de que la campaña inminente será por mucho un intercambio de insultos y de desprestigiar a los contendientes de ambos partidos. La decisión de la Suprema Corte evitará que se procese la política de la calumnia, pero la sociedad puede exigir a los partidos y candidatos un nivel más alto y constructivo del debate.

Como pandilleros, los presuntos candidatos ya muestran sus alforjas llenas de estiércol que van a soltar apenas empiece la competencia. Un resultado de ese estilo de campaña es que aleje a los buenos y atraiga a los que no tienen escrúpulos, paradójicamente no son excesos retóricos surgidos al calor de la campaña sino piezas maquiavélicas ideadas por asesores que van de país en país enlodando las formas democráticas. Debiéramos exigirles desde antes de empezar un pacto de civilidad a los contendientes por una sencilla razón: ésa no es la forma de debatir del regiomontano.

Hemos visto en otros estados la ruindad de grabaciones clandestinas, panfletos calumniosos y siembra de evidencias distorsionadoras de las conductas privadas. Nuevo León es distinto y no podemos permitir que los procesos democráticos se rijan por la ley de la selva.