Leviatán

Guerra de consultas

La consulta popular es un avance novedoso de nuestra democracia directa que debe practicarse con responsabilidad tanto por los partidos, los poderes públicos como por los ciudadanos. Su trascendencia es fundamental para redefinir el rumbo del país en temas torales de la vida nacional.En su parte relativa el artículo 35 de nuestra Constitución ordena que la consulta sea convocada por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, un tercio de los diputados o senadores o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la petición no sea de los ciudadanos solo podrá ser convocada cuando lo apruebe la mayoría de las dos cámaras del Congreso, se realizará el mismo día de la jornada electoral y sus resultados serán de obligado cumplimiento cuando participe más del 40% de los ciudadanos.No se podrán realizar consultas cuando el objeto sea la restricción de derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la fuerza armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de ser convocada   “resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.La Corte tendrá que decidir no solo sobre su procedencia sino que deberá pronunciarse sobre la posibilidad de que las disposiciones constitucionales puedan o no ser sujetas a una consulta popular. Igualmente resolverá si es constitucional que los partidos se asuman promotores directos de las consultas, aun cuando el artículo 35 no los incluye entre quienes tienen derecho a gestionarla.La Ley Federal de Consulta Popular establece que a más tardar el 15 de septiembre deberán presentarse ante la Cámara de origen las peticiones de consulta, acompañadas por al menos un millón 600 mil firmas de ciudadanos debidamente empadronados y el INE tendrá un plazo de 30 días para su captura, cotejo electrónico y  compulsa de las firmas. En breve se formalizarán cuatro peticiones de consulta: dos del PRD y MORENA sobre la reforma energética, una del PAN sobre los salarios mínimos y la del PRI sobre reducción del número de legisladores plurinominales.POSDATA. En todas las consultas que  se proponen existen argumentos jurídicos, políticos y socioeconómicos en pro y en contra de su procedencia, sin embargo la Suprema Corte tendrá la última palabra que eventualmente será en el sentido de validar o rechazar desde una o las cuatro consultas, no sin cuestionar las inconsistencias constitucionales y legales tanto de las consultas propuestas como del poder legislativo al incorporar esta figura en nuestro sistema democrático. 


torrescastilloj@yahoo.com.mx