Leviatán

El Congreso a marchas forzadas

 solo 23 días de que concluya el segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, los diputados y senadores  tienen que desahogar una maratónica agenda legislativa que incluye las leyes secundarias que serán fundamentales en su contenido y calidad, para el futuro de las reformas aprobadas el año pasado que cambiaron 42 artículos de la Constitución. Con el tiempo encima establecido en los artículos transitorios, ambas cámaras tienen el reto de discutir y aprobar en comisiones y en el pleno, los proyectos de leyes electorales, energéticas y de telecomunicaciones, además de los compromisos adquiridos por los partidos y el Presidente de aprobar otras leyes como el organismo anticorrupción, la cedula de identidad ciudadana y la reforma política del DF, entre otras.
Desde fuera se ve titánico el trabajo que tienen por delante los legisladores, pues bastaría saber que solo en el ámbito de la reforma político electoral, entran al proceso legislativo la Ley de Partidos, la Ley de Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley para regular la propaganda de los poderes públicos, órganos autónomos y órdenes de gobierno, las leyes que deberán regular la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.
Se sabe que serán 26 las leyes y reglamentos que se requieren para la reforma energética, las leyes en materia de telecomunicaciones así como la Ley Federal de Transparencia y de datos personales, sin  embargo más allá  de la cuestión cuantitativa y del período legislativo, lo más importante es el contenido de las leyes en proceso de aprobación, porque es en ellas donde se plasma la “letra chiquita” que puede ser anticonstitucional por causas diversas, una de ellas se presenta cuando las disposiciones contradicen el texto y espíritu de la Constitución.
Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que de aprobarse una ley con estos vicios, en primer lugar se abrirían “las puertas de una acción de inconstitucionalidad” y una segunda ruta del conflicto “conduce por la senda de los amparos”, por eso es que el éxito de las reformas constitucionales no reside en su aprobación sino en su implementación y para que esto sea  posible las leyes deben ser claras, coherentes, estables y, sobre todo, constitucionales.
La pugna ideológica entre la modernización neoliberal y el nacionalismo populista, debe dar paso a visiones y propuestas alternativas que reviertan la grave desigualdad y el precario crecimiento que padece nuestro país.


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