Leviatán

Barbarie y extrema violencia

En las últimas semanas hemos vivido acontecimientos que han cimbrado al país y  han trascendido en el mundo por su barbarie y extrema violencia. Primero la muerte de 22 supuestos secuestradores en Tlatlaya, Estado de México y ahora la desaparición y  asesinato de 46 jóvenes normalistas y de 3 personas más en Iguala, Guerrero, dos eslabones de una larga cadena de tragedias que nos estigmatizan como un país secuestrado por el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.A pesar de que la información sobre la masacre de Iguala ha fluido en forma fragmentada y caótica, sentimos profunda indignación y  urgencia de que se haga justicia, porque más allá de la magnitud de la tragedia que enluta a tantas familias y  pone de luto al país entero, deben deslindarse los hechos y actuar de inmediato contra los responsables tanto del poder público como del crimen organizado.Con la aprobación de las reformas estructurales la marca México se proyectó al mundo no solo como un destino turístico sino como un país que ofrece condiciones para la inversión extranjera. El encarcelamiento de personajes como la maestra Elba Esther Gordillo y el Chapo Guzmán fueron actos de un gobierno que combate con firmeza la corrupción y el narcotráfico, sin embargo la terca realidad terminó por alcanzarnos una vez más.Ahora desde el exterior se nos ve como un país que es rehén del delito y de la violencia.Con velocidad y precisión el gobierno federal debe actuar con todo el poder de las instituciones para capturar a los responsables de la masacre. Es cierto que el alcalde con licencia de Iguala no es un delincuente por su militancia en el PRD, sin embargo ese partido y el gobierno de Guerrero tienen de entrada, responsabilidad política en los hechos, porque no procedieronen tiempo contra ese edil que abiertamente mantenía nexos con un grupo delictivo que controlaba a la policía municipal.Si de nuevo se imponen los arreglos entre las cúpulas del poder, si el Estado no actúa con transparencia y en forma contundente, castigando a los responsables conforme a derecho,la sociedad mexicana tomará mayor distancia ahora que arranca un proceso electoral amenazado por el fantasma de la violencia y atrás de él la ingobernabilidad. POSDATA. Desde hace 22 meses el gobierno estatal desapareció las policías de Gómez Palacio y Lerdo. Para cubrir el vacío se habilitó a la policía “militar” con la promesa de que al concluir el reclutamiento y capacitación de los nuevos cuerpos de seguridad estos entrarían en funciones. Lamentablemente, como sucede en otros rubros,en la seguridad se reproduce el síndrome de la indolencia y el abandono de servicios y necesidadesfundamentales de los municipios laguneros. 


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