Hacia un nuevo orden legal en México

La PGR y el procurador Murillo Karam, con estas líneas pretendo facilitarle la tarea al procurador de justicia e influir para retomar el buen camino. ¡Ya es tiempo que sea aplicada la ley; basta de discursos vanos, requerimos acciones! ¡Los ciudadanos de bien estamos insatisfechos y anhelamos la paz!

Sin lugar a dudas el Lic. Murillo Karam es un buen hombre, justo, prudente y además valiente; obviamente por estas cualidades debe estar acostumbrado a correr riesgos. Hasta ahora su prudencia ha caracterizado su actuación, porque no ha querido tomar decisiones apresuradas que culminen en situaciones incontrolables; sin embargo estoy cierto que a corto plazo reconsiderará los hechos en su justa dimensión y podrá emprender acciones firmes y eficaces para enfrentar, contener y prevenir los actos vandálicos que han venido ocurriendo en diferentes estados, municipios y en la capital de nuestro país. Debemos llamarle a las cosas por su nombre y reconocer que los violentos, intolerantes y vándalos no representan de forma alguna a ninguna causa justa; la única intención es sembrar el terror, el miedo, la incertidumbre, etc.

Ciertamente es necesario hacer justicia plena y darles satisfacción a los familiares de los mártires de Ayotzinapa, Guerrero (vienen a mi mente las imágenes televisivas de los familiares de las víctimas durante los juicios orales), en las que es más que evidente la satisfacción cuando el juez dicta la sentencia a los criminales inculpados. Por todo lo antes expuesto, propongo aplicar sin mayor demora juicios orales a todos los involucrados en los crímenes y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En los juicios podrán estar presentes todos los familiares de las víctimas, entre otras personas. De encontrarse culpables; aplicarles una elevada sanción económica, misma que sería destinada para reparación del daño. Asimismo, a los principales criminales responsables de estos abominables hechos (o similares presentes y futuros, si por desgracia ocurriesen) sin lugar a dudas y sin que a las autoridades les tiemble la mano, deberían aplicarles la pena de muerte para lograr cerrar el círculo. Desde luego habría que estar plenamente seguros de su culpabilidad, por lo que además sugiero que a todos los detenidos les sea aplicado “el suero de la verdad” en presencia de los defensores de los derechos humanos; con el ánimo de que después no molesten a los jueces; por cierto sería muy conveniente que no fuera dada a conocer la identidad de ellos ni la del verdugo ejecutor.

No ignoro que la pena de muerte está abolida o al menos no es aplicada en nuestro país, pero el caso Iguala lo amerita ¡y además está contemplado en el artículo 22 de nuestra Carta Magna!

El rumbo de México era claro, al menos para mí; actualmente están en riesgo las instituciones y todo por los excesos de la pareja imperial y su conocido séquito de incondicionales esbirros municipales, por ello es conveniente realizar a todos los policías municipales y estatales, sin excepción exámenes de control y confianza confiables a todos los gendarmes para conservar a la mejor gente; y por ende, obtener mejores resultados. Haciendo hincapié para identificar a los malos elementos, que pudieran incurrir en abusos de autoridad graves durante el desempeño de sus funciones.

Una vez hecha la depuración habría que contratar nuevos reclutas, preparados (podrían ser profesionistas desempleados o subempleados, como ha sido planteado en este prestigioso diario) y mejor pagados ya que no es posible exigir cero corrupción si la remuneración por sus servicios es raquítica y no logran satisfacer sus necesidades básicas (no olvidemos que el mayor activo de las empresas, son las personas) y considerar bonos por desempeño.

Además de crear un cambio en el país para generar más empleos y de mayor calidad, que permita encontrar a los mexicanos una vida equilibrada y sana dentro del ámbito familiar y formar parte de un círculo de amigos; con quienes practiquen algún deporte, además de cultivar su espiritualidad.

Es necesario que los ascensos sean aplicados realmente a los elementos destacados en el cumplimiento de su deber. También es indispensable un mando único para que nunca más reciban órdenes de los alcaldes.