Acentos

Las reformas y la ética

En algún sentido, se puede decir que 2014 es un nuevo comienzo para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante 2013, el gobierno hizo su trabajo en el Poder Legislativo y con los partidos.

Cambiaron leyes y establecieron nuevas regulaciones en aspectos cualitativos de la economía, las telecomunicaciones y de la educación, tal como el Presidente lo reclamaba. Socialmente, muchos lo apoyaron y muchos no estuvieron de acuerdo. La reforma energética polarizó al país y es por ello que la continuidad de tal confrontación pública se preludia como uno de los escenarios probables de 2014.

No obstante, ya, a partir de ahora, el gobierno está haciendo efectivas sus reformas. Tiene derecho y es su obligación. A causa de las reformas se ha razonado acerca de los mecanismos que el Presidente puso en práctica para lograrlas. Al Pacto por México y a la labor de los legisladores de su bancada, se les suma el rasgo personal de basar sus decisiones en un pragmatismo a prueba de sentimientos e intereses.

Es posible, pero no debe omitirse que en ese pragmatismo debe incluirse el estilo de un presidente que, en sus doce meses de gobierno, no ha polemizado ni se ha contrariado con ningún partido ni con ningún político. La línea de la civilidad y el respeto puede no ser importante para algunos, puede ser acaso un asunto secundario o de protocolo, pero si recordamos el ambiente político generado por los presidentes Calderón y Fox, siempre en la arena de las contiendas, la conducta de Peña Nieto ha servido para encontrar acuerdos o para paliar los efectos de las diferencias.

Pero está, además, el fundamento de ese pragmatismo, que es la propia realidad del país, los latidos acelerados de un cuerpo social agitado por las intemperancias de la desigualdad y la injusticia. Es imposible que el Presidente desconozca que, en un retrato panorámico de nuestro país, desprovisto de los cosméticos mediáticos y las imágenes sustitutivas de las palabras y el verbo, el México de hoy se ve desfigurado por la erosión de la institucionalidad, por las dolencias mayúsculas de un país depredado en sus recursos, afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

En un retrato a detalle la realidad adquiere un tinte aún más dramático. Es ya la mirada, en el día a día, para reconocer el sufrimiento y el agobio de las víctimas de la injusticia, las historias de peregrinar sin resultado por un empleo, la lucha de miles contra la discriminación, la inseguridad; es observar el encono y la impotencia por los abusos de los servidores públicos, por la voracidad de los comerciantes, de los banqueros, que con toda impunidad defraudan y expolian a los usuarios y los consumidores.

Es así que en un contexto de crispación de la gente, deterioro del tejido social y de pérdida de valores, se crea y recrea el ambiente en el que florece la corrupción. Amplios sectores sociales van perdiendo sus referentes éticos y aparecen incluso dispuestos a sacrificar su autonomía tanto individual como colectiva para establecer acuerdos y compromisos que van desde los más elementales políticamente, esto es con representantes institucionales, partidistas o gubernamentales, hasta con actores extralegales o representaciones de poder fáctico que le disputan al Estado el monopolio de la violencia legítima.

Las grandes reformas de 2013, si se les quiere llamar así, son reformas que se nos asegura que nos van a brindar grandes beneficios; se van a abaratar los servicios públicos y los combustibles; va a ver más empleo, mejores ingresos, etcétera. Que así sea.

Pero esas reformas deben tener su contrapartida moral. Las habilidades que el Presidente y los legisladores pusieron en práctica para conseguir su aprobación llevan a pensar que con el vigor y las razones de esa lógica pragmática, con esas buenas maneras de hacer relaciones políticas, con esa retórica de hacer lo que se dice, de cumplimiento de las promesa firmadas, es seguro que se tienen más amplios márgenes para poner en práctica otras políticas.

Políticas que atiendan los ámbitos ignorados e inexplorados por los gobiernos de México, que son los de la vida social de las comunidades donde los niveles educativos y culturales han sido abatidos hasta la descomposición social, y en ello, en ese abatimiento de la cohesión social, hay que ver qué responsabilidad tienen los poderes fácticos, los medios de comunicación, la corrupción endémica, que no solo han evaporado los valores del respeto y la convivencia, sino los fundamentos de la vida democrática.

La obra del gobierno no solo se puede juzgar por llevar a cabo reformas estructurales o por grandes obras materiales. Se va a enjuiciar históricamente por lo que fue capaz de hacer para transformar la conducta de los ciudadanos, por lo que transmitió con su propio ejemplo, al brindar a la nación un ejercicio de moralidad republicana, de honestidad y de transparencia.

Sin ese ethos, no hay valor público agregado y no hay democracia que se sostenga.

jorge.medina@milenio.com