Acentos

La República perturbada

Los quince meses de gobierno de Enrique Peña Nieto sí que han servido para remover a México. Reformas y contrarreformas; avances y regresiones, conciliación y conflicto.

No hay que negarnos a ver que todas las reformas promovidas por el gobierno federal, desde la educativa hasta la política y la fiscal, pasando por la energética y la de telecomunicaciones, ponen a prueba el sistema democrático y las instituciones de la República.

Éste ha sido el juego. Desde diferentes perspectivas, empresarios o profesores, partidos u organizaciones de la sociedad civil han visto en las reformas y en las leyes secundarias avances o regresiones, según haya sido el caso.

No han faltado las manifestaciones de inconformidad, la desobediencia en las calles y la crítica en los medios de comunicación, también la
aquiescencia y el aplauso.

En el mundo real, traspasando los círculos del poder, la gente común y corriente desespera por la economía: es alta la sensibilidad compartida de que las políticas públicas se traduzcan en recursos para las familias. Se quieren empleos y mejores salarios; el salario mínimo es una bicoca, una injusticia, y es evidente la exigencia de más movimiento económico en el comercio, el agro, el turismo y la industria.

Varios barones de la empresa persisten en que se dé marcha atrás en la reforma fiscal. Una observación: no hay manera de que los empresarios acudan por su propia voluntad a una hucha del Estado a entregar donativos de dinero que muchos les han hecho ganar. El criterio de que el premio por el riesgo de la inversión del empresario merece ser compartido con sus trabajadores, de manera tal que no provoque diferencias insondables entre unos y otros, no será establecido por su bondad. Para eso sirven los impuestos: para hacer justicia distributiva.

Ellos mismos —los empresarios— le ven muchos defectos a la reforma educativa y están insatisfechos con las leyes secundarias y el comportamiento de las legislaturas locales. Por otra parte, los opositores de la CNTE —y muchos maestros del SNTE— son la resistencia más directa a esa reforma de la educación: la han declarado inexistente.

En las telecomunicaciones, otra vez aparecen las dudas de los críticos de siempre: las presiones de los poderosos angostan la reforma constitucional y se restringen las libertades.

La discordia protagonizada por las élites, los partidos y diversos grupos de la sociedad civil se extiende por la República. Muchas zonas padecen una franca ingobernabilidad; en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, la situación alcanza niveles críticos. Los gobiernos de Sinaloa, Veracruz, Morelos y Tamaulipas son objeto de la presión permanente de los poderes fácticos. Reos del crimen organizado son estados de baja calidad democrática y de una frágil legalidad.

La criminalidad se ha desbocado en las ciudades. En el Distrito Federal la delincuencia crece y es más acechante.

O sea, no hay sosiego en una República abrumada por los conflictos sociales. A ello hay que sumar la inepcia y la corrupción de muchos gobernantes. Esto es lo que tiene que admitirse: que en los estados de la federación esta realidad es más notoria y más cercana a las comunidades. No se necesita un gran esfuerzo para explicar a las autodefensas como coartada o como verdadera legítima defensa.

Varias de estas entidades han perdido sus cualidades esenciales: están gobernadas por personajes incompetentes, pequeños de miras y algunos hasta déspotas simplones y reaccionarios que van por las calles como curas de pueblo repartiendo bendiciones. Más allá de la ridiculez, está la falta al laicismo constitucional.

Pero el presidente Peña Nieto no puede quitar el dedo del renglón. Se debe recordar que recibió un país regido por un modelo que le asigna al Estado un papel secundario. Éstas son las consecuencias.

En realidad ése es el problema de fondo. Por ello es importante saber hasta dónde se quiere ir. Y está claro que no se irá muy lejos si se vuelve a dejar al Estado sin sus capacidades esenciales.

Si después de casi 30 años que lleva funcionando este modelo, se han creado estas circunstancias, es de lo más natural que al gobierno se le demande una acción más efectiva contra el más grave problema que hoy vive el país, el cual tiene su origen en el propio modelo, el de la seguridad.

Pero lo que no debemos olvidar es que con un Estado menos prescriptivo y solidario, más ocupado en resolver los asuntos de seguridad, disminuido en sus poderes legales para combatir la crisis fiscal, los problemas ambientales, de salud y de pobreza, la que sufre es la democracia, se debilita y es avasallada por la urdimbre de los intereses creados.

Ése es un punto clave en las reformas que han puesto a México en movimiento: evitar que el autoritarismo, y no la democracia, sea la vía para resolver los problemas de nuestra perturbada República.

jorge.medina@milenio.com