Acentos

Reformas, impuestos y algo más

Muchos ven la realidad del país en iguales condiciones o peor que en los pasados 12 años. Ni por asomo, pero esta coincidencia analítica revela el deseo de que las cosas cambien, y otra cuestión no menos importante: la justificación de las manifestaciones contestatarias que comienzan a deslavar las razones del voto a favor del PRI y del efecto positivo que tuvieron las primeras acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre otras razones, hay que recordar que la gente votó por la experiencia y la capacidad para gobernar de los priistas y contra la ingenuidad y las torpezas de los panistas. Ese bono es el que ahora tratan de demostrar en la práctica las secretarías de Gobernación y de Hacienda, los dos ministerios donde se está poniendo a prueba la política presidencial.

No es poca cosa. La Segob, en congruencia con la filosofía del Pacto por México, ha repetido una y otra vez que en el gobierno federal se consideran premisas básicas de la gobernabilidad, el diálogo y la corresponsabilidad en las decisiones de política pública.

Esto hace suponer que las acciones para enfrentar embestidas como las de la CNTE, así como las reformas en proceso, la política, la energética y la fiscal, están formuladas bajo estas premisas: diálogo y negociación.

No podemos decir que el tratamiento del problema de la CNTE sea un fracaso de la política, pero nadie saca al ciudadano del DF de la creencia de que se ha sido en exceso tolerante.

Las propuestas de reformas, tanto la energética como la fiscal, no son infalibles y, por ende, es de suponerse, también están sujetas a negociación. Una negociación que es deseable que, al mismo tiempo que adhiera las opiniones de los partidos y de los poderes fácticos, no le lleven a perder su esencia original por el significado que tienen para el futuro del país.

De lo contrario, ya sabemos en lo que terminan: en reformas descafeinadas que solo sirven para posponer problemas, provocar regresiones y, además, para sembrar la idea de la debilidad presidencial.

Pero ya se sabe que un gobierno dividido ofrece este tipo de dificultades. Y estas propuestas de reforma del gobierno de Peña Nieto no tienen por qué estar a salvo de los defectos que tuvieron aquellas, de deslucirse o frustrarse.

Como ha quedado en evidencia, el Pacto no ha sido suficiente para avanzar con mayor rapidez en los acuerdos para las reformas ni para contener la protesta de grupos como la CNTE.

En un contexto en el que los partidos hacen valer su propia agenda por encima de todo, esta situación es explicable.

Por ello mismo, no creo que el gobierno pierda credibilidad ni fuerza política, si reconoce y se identifica con las opiniones de los partidos opositores. Al contrario. Se debe ser firme y no moverse un milímetro cuando el otro se comporta intransigente y atenta contra la mayoría. El cierre del gobierno de Obama provocado por los republicanos, quienes exigen que a cambio de levantar el castigo se dé marcha atrás con la reforma de salud —conseguida por primera vez por un gobierno en Estados Unidos en beneficio de millones de estadunidenses— es un caso. Ahí es imposible.

Pero en nuestro caso, en la reforma energética ¿Qué visiones o intereses más importantes que el país mismo puede haber en materia petrolera, que impidan que entre las propuestas de la izquierda y las del PRI y el PAN no se pueda hacer una que conjugue modernización, participación privada, preservación de Pemex como la principal industria mexicana, limpia de cargas fiscales y de la corrupción sindical? ¿No hay quien les haga entender a todos y cada uno de los que mandan en este país, a los políticos de izquierda y derecha, y a los que tienen el poder económico por aquello de que quieran entenderlo, que las naciones que se han colapsado son aquellas que han reunido en una sola época injusticia con envidia social, insolidaridad y egoísmo?

Una verdadera reforma fiscal es aquella que busca hacer justicia distributiva. No es el único mecanismo del Estado, pero uno que puede ser efectivo, afirma José Woldenberg, es que en la propuesta del gobierno federal se establezcan “fórmulas progresivas” para que los que más ingresan más contribuyan. No ha sido ni justo para los contribuyentes ni bueno para el Estado, que los que ganan 40 mil al mes paguen el mismo impuesto que el de gana 150 mil pesos.

Al parecer no están asimiladas muchas de estas posibilidades. Que legisladores de todos los partidos den por muerta la propuesta del impuesto sobre la renta a quienes mandan a sus hijos a las escuelas privadas, que son aquellas familias que pertenecen a las clases sociales más altas, nos hace ver la diversidad de artilugios que se ha configurado para mantener los niveles de desigualdad que hoy padecemos.

Es una impostura y un acto de cinismo que Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda del PAN, ahora con la casaca de legislador, arremeta contra la propuesta de reforma fiscal del gobierno y la juzgue de “voraz”, cuando incompetente, entreguista, fue él quien aplicó el decreto de deducibilidad de las cuotas de las escuelas particulares, con lo cual la hacienda pública dejo de percibir 13 mil millones de pesos a partir de 2011.

Es deseable que el gobierno federal saque a flote las reformas por la vía del diálogo y la corresponsabilidad. Pero está claro que antes tendrá que superar todos estos escollos. Los suyos y los ajenos.