Acentos

Apuesta y escenarios

En Michoacán no hay una guerra civil ni la conflictividad alcanza los niveles de terror que se vivieron en Colombia durante varias décadas.

Pero ha quedado asentado que en México no estamos lejos de que la situación escale a extremos más altos de gravedad. Por lo pronto, es evidente que la violencia y la presencia territorial de los grupos armados amenazan la gobernabilidad del país, ponen en predicamento la vida institucional y no dejan de ser un peligroso contaminante para estados donde las condiciones son propicias para la delincuencia. La posibilidad de que se establezca un enlace entre los grupos criminales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz es un riesgo latente contra el que hay que prevenirse.

La decisión de encarar de manera directa la situación michoacana, con una visión integral y con el nombramiento de un comisionado del gobierno federal, es una apuesta del propio Presidente para tratar de confinar a los delincuentes en algunas zonas específicas, donde estos grupos criminales han encontrado una mayor resistencia de la población y las llamadas autodefensas han logrado contenerlos.

Si es o no acertada la estrategia rebasa nuestra perspectiva, pero es claro que estamos ante una acción de gobierno basada en la necesidad inaplazable de responder a una situación que ha cuestionado la viabilidad de una entidad federativa arrastrada por la inoperancia gubernamental a la descomposición social.

Una medida que puede convertir a Michoacán en el laboratorio donde se pueda incubar un modelo de solución a la inseguridad en el país. De ahí la importancia de que la decisión presidencial salga adelante y se evite un nuevo fracaso del Estado mexicano en la lucha contra el crimen.

Es una apuesta alta y se apoya en la lógica de la política. Una lógica que  incluye el hecho de que a lo largo de este 2014 —con una oposición ya decidida a desmantelar el proyecto de reformas de Peña Nieto— se van a enfrentar circunstancias que van a configurar el clima político determinante en el ánimo de los votantes en las elecciones de 2015.

En efecto, el gobierno no puede soslayar que en el escenario público tienen presencia otros temas y otras fuerzas políticas. En la agenda política, varios de estos asuntos son de orden estructural, leyes secundarias de las reformas cuyos supuestos beneficios en la sociedad se verán en el mediano y algunos en el largo plazo.

En esa perspectiva, lo peor que le puede pasar a un gobierno es morirse de éxito; eso decía el entonces prestigiado presidente del gobierno español Felipe González cuando la arrogancia y la indolencia empezaban a minar la fuerza de su partido en el gobierno. No es el caso, pero lo mismo podría ocurrir si el gobierno se acredita victorias donde solo ha habido escaramuzas, donde faltan las batallas y las acciones de fondo para vencer a los otros adversarios de la justicia, la legalidad y la convivencia democrática.

No se puede hablar de logros ni de resultados, que son los que le importan a la sociedad, cuando se ofrecen tantas pruebas en sentido contrario, cuando el mal endémico de la corrupción sigue siendo la carta de presentación de gobiernos locales y municipales.

El país no saldrá de ahí si en la vida cotidiana aún persisten patologías como la discriminación o el trato ingrato que se les da a los indígenas o a los emigrantes.  

De poco sirve que hagamos una reforma fiscal o una reforma en telecomunicaciones si la voluntad política para aplicarlas se ve torcida por la fuerza de los más poderosos.

El tema de la justicia y la equidad no pueden ser solo conceptos sino realidades concretas. La ley es papel mojado si no hay funcionarios que la apliquen, educados y preparados para ello, comprometidos con esa legalidad y con la sociedad misma.

Se entiende que todo lo que se está haciendo desde el gobierno federal forma parte de un proceso para cambiar a México. Las reformas son de efectos graduales, no ocurren de súbito. Los resultados que se cuentan en la peluquería no son inmediatos. La gente está más que informada de que la reforma energética le va a abaratar la luz y los combustibles.

Pero no todo es tan simple. Lo que los ciudadanos están resintiendo es el aumento de los impuestos, el incremento de los alimentos, de los servicios. Los refresqueros cargaron el impuesto a los consumidores. Se elevaron las tarifas del transporte.

Los empresarios viven amparados en normas y funcionarios. Para las familias, para los ciudadanos de la calle, para el causante cautivo, es el oscuro túnel de la cuesta de un enero que preludia un año más de precariedad y de un agridulce tráfago cotidiano, en un país de encantos y aberraciones.

Durante muchos años el Estado ha sido omiso ante los abusos del mercado y los excesos de los políticos. Hoy, como nunca, la sociedad necesita un Estado, que así como está dispuesto a buscar soluciones drásticas ante la inseguridad, sea capaz de aplicar la ley con rigor y a favor de la gente. Esos son los resultados que cuentan, lo demás son tentativas.

jorge.medina@milenio.com