Articulista invitado

Sistema contra ingenio

Concluir las reformas no fue tarea fácil por una razón de suyo cuestionable: el gobierno se niega a ser fiscalizado, además de que el modelo aprobado no cumplió la expectativa ciudadana.

Alguna vez, refiriéndose a las leyes que combaten la corrupción, escuché de alguien esta frase reduccionista: “Contra el ingenio humano no se puede”. Por ello, desde que asumimos la responsabilidad social en el Senado, decidimos acotar este “ingenio” a través de una vía que consideramos infalible: una ambiciosa reforma constitucional que, a su vez, diera origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que estaría presidido por un fiscal general de la República y un fiscal anticorrupción, ambos nombrados por un órgano sobre el cual no pudiera tener mediación el Ejecutivo federal.

Si bien logramos, a cuatro años de la actual administración, concluir todas las reformas constitucionales y secundarias, esta tarea no fue fácil por una razón de suyo cuestionable: el sistema se niega a ser fiscalizado. Escándalos de corrupción política y sistémica como el de la casa blanca o la de Malinalco, el tren México-Querétaro, la sospechosa fuga de El Chapo Guzmán e incluso la muerte de los normalistas de Ayotzinapa no hacen sino incrementar la psicosis de la clase política con respecto al escrutinio público, que hoy más que nunca exige transparencia y rendición de cuentas.

Sería injusto negar que el modelo sistémico aprobado es un gran avance en temas torales de la agenda pública nacional, pero también sería irresponsable no reconocer que en muchos casos no cumplió la expectativa ciudadana. Por ejemplo: siempre sostuvimos que el SNA debería estar presidido por un servidor público autónomo del Poder Ejecutivo: un auditor superior de la Federación (ASF). Nuestro argumento era simple: tomando en cuenta que el presidente de la República maneja 80 por ciento de los recursos generados por el país para gasto público, lo que lo implica de inmediato en rubros como la rendición de cuentas o la investigación de actos de corrupción, la figura de un auditor independiente garantizaría imparcialidad y transparencia. Sin embargo, el Presidente se rehusó y, como contrapropuesta, recomendó a uno de sus empleados, el ahora secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien resultó muy cuestionado por el caso de la casa blanca. El consenso final nos llevó a aceptar una presidencia bicéfala representada en porcentajes iguales por la ASF y la SFP, lo que no deja de seguir convirtiendo al mandatario federal en juez y parte.

Como la creación de un Comité de Participación Ciudadana (CPC) nombrado por el Senado con la cooperación de la sociedad civil (impulsores cruciales de esta reforma) le daría un sano equilibrio a la relación entre el gobierno y los ciudadanos preocupados por la excesiva corrupción de la actual gestión, propusimos que los actores más cercanos a la supervisión de la administración pública —como lo son los Órganos Internos de Control (OIC)— fueran nombrados por el CPC y ratificados por el SNA, pues de esta forma tendríamos a 217 titulares de la OIC en todas las áreas de gobierno, incluyendo organismos descentralizados y empresas paraestatales, como Pemex y CFE. Sin embargo, el PRI-gobierno se negó una vez más a consumar estos cambios sustanciales y decidió que los nombramientos quedarían en manos del secretario de la Función Pública, organismo ligado estrechamente al Ejecutivo federal, lo que impedía nuevamente la transparencia e imparcialidad.

Lo mismo sucedió con la iniciativa que impulsaba el programa de testigos protegidos, la cual ofrecía la posibilidad de denunciar o testificar sobre actos de corrupción de servidores públicos sin temor a represalias (perder el empleo o ser convertidos en chivos expiatorios): el PRI-gobierno arguyó en su contra y rechazó, de nueva cuenta, su implementación. Pese a esto, el SNA da entrada a muchas exigencias ciudadanas en materia de corrupción, pues tipifica como delitos graves “moches”, licitaciones arregladas, contratación ilegal de deuda pública, “cobro de piso” (que se da cuando un funcionario rasura el sueldo de un empleado), etcétera.

Con respecto a la ley 3de3, recientemente votada, es pertinente hacer una aclaración: contrario a la percepción generada por los medios de comunicación, en el sentido de que fue denegada por las cámaras, la reforma sí obligará a los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero el debate pasado giró solo en torno a en qué formato se presentaría, si el propuesto por la sociedad civil (que pedía se incluyera en la Ley de Responsabilidades) o en el propuesto por el Comité de Participación Ciudadana, una vez que se instale el SNA, por lo que es absolutamente falso que, tal como se ha venido argumentando, haya una oposición del Legislativo a la ley 3de3.

Al iniciar mi campaña como candidato a gobernador de Colima presenté mi 3de3 convencido de que, pese a no existir obligación legal que me obligara a ello, yo, como servidor público, estaba comprometido a transparentar mi patrimonio, de ahí que haya firmado esta iniciativa de la sociedad civil y aprobado su ejecución. Con esto último los servidores públicos y todos aquellos que reciban dinero del Estado estarán forzados a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, pudiéndose solo reservar los datos que protege la Constitución, tales como información personal, preferencia sexual, religión, edad de los hijos, etcétera, sin que ello subvierta la responsabilidad de quienes nos dedicamos al ejercicio de la función pública: el uso responsable de los recursos de la sociedad y su justificación transparente.

*Senador del PAN