Cartas de América

El retorno del “carro completo” (I)

El restablecimiento del régimen autoritario está en marcha.  Disminuir la integración parlamentaria en el Congreso Mexicano encierra la continuación de una línea presidencialista nacida desde el regreso del Partido Revolucionario Institucional.

El restablecimiento del régimen autoritario está en marcha y avanza con la misma prisa que implicaronlos 17 largos años desde que perdieron el control de la Cámara de Diputados y se separaron del totalitarismo legislativo. De paso, sus actores nublan el debate sobre una disyuntiva central: una reforma energética privatizadora, o una a favor del deteriorado país.

Disminuir la integración parlamentaria en el Congreso Mexicano encierra la continuación de una línea presidencialista nacida desde el regreso del PRI; que comenzó con el “Pacto por México”, proyectando desde él y con el beneplácito de dirigentes partidarios y no parlamentarios, legislar desde el mismo momento de anunciar iniciativas de ley en la residencia presidencial.

Ya roto el “Pacto por México” por el asomo, de la ahora consumada intención de privatizar nuestros recursos energéticos, vino la sordera legislativa que impuso una mayoría parlamentaria en ambas cámaras bajo la argumentación elemental de que no hace falta oír el planteamiento del opuesto mientras dos más dos sean cuatro y cuatro sean más que dos: “mayoriteo” miedoso que evitó exhibirse en un debate que iban a perder, y tendrían que, de cualquier forma y por mandato, ganar en la votación.

Y para cerrar dicha ominosidad parlamentaria, la apuesta va en aumento. Con la ayuda del descrédito por ellos mismos creado que mantiene entre la sociedad un diputado o senador, atacan al único refugio de pluralidad existente en las instituciones de nuestro Estado, el Poder Legislativo que, aunque disminuido por su propia integración servil, es y será un reducto de esas minorías incómodas ante un régimen que aspira a un totalitarismo como el del siglo pasado.

La eliminación de los senadores de presentación proporcional, así como de 100 de los 200 diputados por el mismo principio, elimina el sentido de representatividad popular, para darle espacio a esa primera minoría que teniendo menos de la mitad de los votos de un estado (senadores) o de un distrito (diputados), se erige como la única voz que “representará”, incluso a esa mayoría que no la votó.

Esto parece imposible, ya que la idea de triunfo en una competencia electoral aniquila por pura condición humana, la posibilidad de expresar ideas ajenas, y más aún, ideas que respaldaron al contrincante eliminado.

El discurso fácil de la economía financiera en la reducción (casi eliminación) de los plurinominales se contradice con la onerosa nómina gubernamental integrada por militantes del mismo partido, y peor aún, con los excesivos y groseros gastos presidenciales (de un presidente del PRI); por lo que deja al descubierto que la real intención es la eliminación de las incomodidades discursivas en un debate parlamentario, y más grave, la facilidad de no necesitar pactos y alianzas con “fuerzas” minoritarias que terminan siendo además de engorrosas en su trámite, costosas en pago monetario.

De ésta manera, imaginemos una Cámara de Diputados integrada por 400 miembros, de los cuales, 300 provienen de una representatividad menor a la mitad de los habitantes que teóricamente los mandatan (ya que por fortuna, aunque se anhele su retorno, los tiempos en que un candidato alcazaba más del 50 por ciento de los votos, se han ido muy lejos). Considerando que el promedio de participación en las elecciones federales es de la mitad de los electores, esto hace que tengamos diputados votados apenas por menos de una cuarta parte de los ciudadanos, ya no digamos de los habitantes de una distrito. Siendo así, esos 300 diputados llevan la voz de 1 de cada 4 mexicanos mayores de 18 años, mientras que en su composición parlamentaria, son tres de cada cuatro votos.

Y ahora, imaginemos, como es factible, que de esos 300, más de la mitad provenga del palomeo de un mismo grupo de dirigentes partidarios (incluido, el primer priista del país) que los llevaron a la candidatura y a quienes les deben, antes que a esa cuarta parte del padrón, el ser diputados. Los contrapesos habrán quedado reducidos a la derrota total, y no a la que permite la representatividad proporcional de acuerdo al número de votantes cuyo opción no ganó, pero a los que sin embargo, se les debe el derecho de pertenecer en la misma medida del tamaño de su minoría, al órgano que se supone, es la representatividad del pueblo.

Así, como antes del pluripartidismo (todavía precario), el PRI aspira al retorno de la mano alzada unánime mediante el “carro completo”.

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