Cartas de América

Normalidad democrática

La mañana de ayer, Enrique Peña Nieto, muy orondo, anunció en Twitter que recibió a Lilian Tintori en Los Pinos, ante su presencia, citó su deseo: “Confiamos que, mediante el acuerdo entre las partes, sean los venezolanos quienes restablezcan la normalidad democrática”.

Ella es esposa de un preso político en Venezuela; una nación, hoy, sumida en una crisis multifactorial, como México.

Sin embargo, el principal problema mexicano es, en sentido estructural, el mismo que el venezolano, pero muchísimo más grave: derechos humanos.

Los derechos humanos han venido desarrollándose a lo largo de los siglos recientes a partir de la necesidad de los pueblos de evitar abusos por quienes dirigen los países, ya que entonces, como ahora en México, los monarcas, emperadores u otras autoridades, actuaban con arbitrariedad y despotismo frente a sus gobernados.

En México, la actuación de los gobernantes estaba supeditada a los valores morales o religiosos, hasta que, al menos doctrinalmente, cambió con la emancipación de España y se adoptó como ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, brindándole al ser humano suma importancia.

En la Constitución de Apatzingán, apareció, por primera vez, un capítulo dedicado a las garantías individuales, las cuales, se fueron fortaleciendo a través de nuestras constituciones, hasta la actual.

El 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la Organización de las Naciones Unidas y se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, retomando ideales de la Revolución Francesa, como la igualdad, libertad y fraternidad.

En el 2001, los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmamos un documento sumamente valioso: la Carta Democrática Interamericana.

En ella se establecen compromisos no sólo con el reduccionismo electoral de la democracia, sino más bien, con su alcance superior de respeto a los derechos humanos.

En el 2003, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, y éste, no fue satisfactorio.

Por ello, recomendó una reforma constitucional que incorporará el concepto de “derechos humanos” a nuestra Carta Magna, dándoles una jerarquía superior que los ordenamientos federales y locales, y sometiéndonos, como Estado, al orden internacional cuando éste confiriera mayor protección a las personas.

Lo cual, hace de México un Estado que, en apariencia, respeta los Derechos Humanos, por hacerlos valer desde su ordenamiento supremo y equiparlos en él, a cualquier tratado internacional.

Quien desde sus leyes conozca a nuestro país, o desde ellas lo pretenda juzgar en el respeto de los derechos humanos, seguramente dará por bueno que mantenemos un estricto respeto por la vida y libertad humanas.

Quienes vivimos en él, sabemos que no es así, que casos como el reciente de Arantepacua, Michoacán, son el pan de cada día en varias regiones del territorio nacional.

Incluso en su reciente informe, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, declaró: “La subsistencia de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones, hizo de la verdad y la justicia, una mera aspiración”.

Sin embargo, por una enorme presión de los Estados Unidos, Venezuela está en el ojo del huracán, y se ha venido exigiendo que la Carta Democrática sea aplicada en Venezuela.

En ese contexto, el servilismo del gobierno mexicano que busca congraciarse con Donald Trump y su gobierno, ha abierto un frente para impulsar que Venezuela sea expulsada de la OEA, aislando al gobierno de aquel país mediante la generación de una inercia que termine por derrocar a Nicolás Maduro.

Ante la crisis de derechos humanos en México, resulta sumamente contradictorio y poco legitimo para la oposición venezolana el respaldo de Enrique Peña Nieto o las declaraciones del canciller Luis Videgaray.

Más, si a sus argumentos se suma la pretendida elección de Estado que está en curso en el Estado de México, en la cual, las matracas a favor del primo presidencial, Alfredo del Mazo, las hacen sonar, todos los días, los secretarios de despacho del gobierno federal, hoy llamado a alzar la ceja por la falta de “normalidad democrática” en el la República Bolivariana de Venezuela.

Si en México conseguimos, a contra corriente, impedir el gran fraude electoral en marcha en el Estado de México, y se sientan las bases mínimas para la participación electoral en el 2018, probablemente no sea necesario que nos apliquen la Carta Democrática, y que en un futuro cercano, alcancemos la normalidad democrática y el respeto a los derechos humanos que los Estados Unidos le han quitado a Venezuela, y a América Latina, durante décadas.