Cartas de América

Renovación independiente a pesar del saliente

Es común desprestigiar a las candidaturas independientes denominándolas como el por ahora más relevante de sus beneficiarios, el tal Bronco. Sin embargo, éstas pierden toda acepción social, cuando el beneficiado no es el ciudadano.

En Puebla, eso lo sabe el gobernador en turno, que como cualquier otro, hizo lo que su “visión” le permite: tratar de impedir que éstas sean consumadas en su probable perjuicio.

Para ello instruyó a su bancada, compuesta por diversas agrupaciones de la formalidad política: PRD, PAN, Panal, etc. Quienes dieron el paso legal a una decisión de aquel e impusieron diversos requisitos inconstitucionales para poder competir por la vía que ellos temen: candidatura ciudadana.

Imaginen que según su elementalidad, para las siguientes elecciones locales de nuestro estado (Puebla), quienes busquen competir como tales, tendrán que hacer circo maroma y teatro para poder probar su respaldo ciudadano en algo así como una comparecencia ante el Ministerio Público, para efectos de su ley, llamada autoridad electoral, es decir, juntas municipales, distritales o locales (estatal) del Instituto Electoral de nuestro honroso Estado.

El tres o cinco por ciento del respaldo que un prospecto de candidato se pueda conseguir, tendrá, gracias a nuestros “representantes”, que acudir a dichas instancias para manifestar ¡públicamente y ante representantes de los legitimados partidos políticos!, que sí lo apoyan como su candidato al cargo de que se trate.

Además, este respaldo tendrá que ser territorialmente disperso en la mayoría de las secciones electorales de un municipio o distrito local de la capital; o, en la mayoría de los municipios de un distrito local fuera de ésta; o, por último, en la mayoría de los municipios (nada dispersos, sólo son 217) del Estado.

¡Y todo eso tiene que pasar en tan sólo veinte días!

Ese es el plazo que indicaron para que alguien “de a pie” pueda agrupar en su persona el respaldo de hasta cinco por ciento de su comunidad antes de poder competir por gobernarla o representarla en el citado cuerpo legislativo.

Si algunos que no entran en esta acepción (ciudadanos) también pretenden este margen de competencia, no es razón para impedir que quienes lo sean, puedan aspirar a un cargo desde esta nueva plaza política; como algunos comentólogos locales han afirmado para poder descalificar los actos siempre “heroicos”, en un falso argumento para aprobar lo que hacen sus diputados. Finalmente decidir sobre quienes sí o quienes no son legítimos, le corresponde a quien vota, al soberano.

Justo por ello el 22 de agosto aprobaron esos candados que pretenden inhibir que alguien al margen de las agrupaciones políticas los rebase literalmente por la derecha (o la izquierda). Le tienen miedo a lo que puedan decidir quienes deben tener el poder: los ciudadanos.

En virtud de estos actos, el pasado jueves, dentro del margen legalmente establecido, fueron interpuestos sendos Juicios para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Congreso del Estado de Puebla. Otros (ya que la oficialía de partes de estos honorables y desvelados diputados cierra a las 18 horas) supletoriamente fueron entregados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En conjunto y a pesar de una falsa publicación con fecha del 22 de agosto del presente, en el Periódico Oficial del Estado, más de una decena de JDC´s echarán abajo estás retrogradas pretensiones políticas del “gran legislador”.

Gracias a la facultad de revisión constitucional que la Sala Superior tiene, podremos ver que lejos de hacer efectivos sus inconstitucionales actos públicos, quedarán en el ridículo nacional por ser malos diputados de un mal gobernador que intentaron sin éxito, evitar el arribo de la nueva clase política emergente desde la ciudadanía a los espacios de los que están por salir.

Fernando Manzanilla, Verónica Mastretta, Gabriel Hinojosa, entre otros, (como quien escribe y los que se sumen), hemos firmado en pleno uso de nuestro derecho constitucional, el juicio que permitirá que los poblanos no queden al margen de la renovación temida, pero que es imposible postergar.

Ya que el atraso institucional y quienes los han provocado, necesariamente tienen que ser expulsados por los votantes de las responsabilidades que un mal día les fueron otorgadas. Y entonces, como un propósito necesario, quienes pretendemos un cambio sustancial en nuestras sociedades, abiertamente lo sostengo: reemplazaremos a los salientes.