Cartas de América

Gustavo Petro, respecto de la República de Colombia

Un duro golpe para el procurador general de Bogotá que decidió dejar sin derechos humanos a Petro, un golpe que exhibe plenamente una decisión política, arbitraria y déspota. Fuera de todo marco de derecho, a pesar de decir sustentarla en él.

Hace unos días escribí en este espacio sobre el alcalde mayor de Bogotá y el proceso de destitución en su contra por parte del procurador general de la Nación (http://www.milenio.com/firmas/jorge_luis_fuentes_carranza/Fascismo-colombiana_18_229357071.html), quien haciendo uso de facultades meta democráticas, decidió el 9 de diciembre pasado, declarar "disciplinariamente responsable de las faltas disciplinarias [sic] endilgadas y lo sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de (15) años" (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC374-13-ES.pdf).
Es decir, ordenó la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años y que éste deje el cargo al que llegó electo por los habitantes bogotanos.
Parecía que la salida de Petro como alcalde era inminente y que nada podía impedirla, pero un conjunto de estrategias jurídicas han permitido que siga al frente de la capital colombiana y que cada vez sea más complejo que el intento de eliminarlo políticamente se concrete.
Con la resolución 5/2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Medida Cautelar No. 374-13 con fecha del 18 de marzo de 2014, señala que "con el objeto de impedir un daño irreparable a las personas o al objeto de la petición [ordena que] se suspenda la actuación que viene llevando [sic] a cabo la Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Petro".
La CIDH, desde Washington mandata al Estado Colombiano a respetar los derechos políticos tanto del alcalde en resistencia, así como de sus electores y gobernados.
Aclara que la medida cautelar no constituye un "prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (Ibídem), es decir, resolver sobre sí el Estado Colombiano está afectando indebidamente los derechos de Petro, será harina de otro costal. Mientras, salvaguardan sus derechos.
Salvaguarda los derechos humanos de Petro en virtud de su inminente violación, fundamenta la intervenciónen "cumplimiento con las obligaciones en Derechos Humanos establecidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos". Cuyas "funciones de supervisión están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, [y] otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en la cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas". Concluye que la adopción de dicha medida es en virtud de encontrar que con la destitución e inhabilitación por 15 años, se cometería una violación "grave e irreparable", lo que hace que sea "urgente" tomar medidas precautorias.
Y es ahí en donde entra un elemento interesante de la resolución, que marca el sentido más preocupante del actuar del "Procurador". "Que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos".
Para lo que mandata al "gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir el periodo para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá D. C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la CIDF se haya pronunciado sobre la petición individual P-174213".
Un duro golpe para el titular de la instancia inquisitoria que decidió dejar sin derechos humanos a Petro, un golpe que exhibe plenamente una decisión política, arbitraria y déspota. Fuera de todo marco de derecho, a pesar de decir sustentarla en él.
Pero también, un duro golpe al propio Estado colombiano, que tuvo que ser mandatado para "tutelar" los derechos humanos de sus integrantes, en este caso, de Petro y sus gobernados.
Tendremos que esperar a la resolución en firme por parte de los integrantes de la CIDH y su apreciado y respetado Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez-Icaza, para conocer el final de esta historia.
Mientras, Gustavo Petro seguirá gobernando en Bogotá, muy probablemente hasta el final de su mandato, ya que el tiempo que transcurra entre el pasado 18 de marzo y la solución final, puede ser suficiente para que concluya su mandato. De tal forma que cuando sea exculpado definitivamente, ya esté camino a un siguiente mandato, uno que puede extenderse a toda Colombia.