Cartas de América

Entender el problema III

Los sistemas de control propuestos por Buscaglia (Buscaglia, Eduardo, “Vacíos de poder en México”, DEBATE, México, 2014) hacen pensar que es posible y realizable una nueva realidad para México.

Mediante sus “controles” (judicial, patrimonial, de la corrupción y social), y la articulación de éstos con la cooperación internacional, plantea un reto para un país que un día pueda distinguirse con fundamentos de fondo como un Estado viable en su andamiaje institucional y su participación ciudadana, anclada en lo que en el texto explica como “control social”.

Los “vacíos de poder” provocados por una “clase político-empresarial que cae masivamente en la trampa de la ilegalidad”, y que termina por volverse “prisionera del círculo vicioso: [que] se ha beneficiado a través de fallas del Estado y vacíos regulatorios del comportamiento humano, y en el proceso han producido el colapso del sistema político”. Son el muro entre un sistema judicial viable, y el que tenemos.

Como ejemplo de que esto llegó a la clase política están los múltiples ataques a alcaldes, un candidato a gobernador en 2010, y, recientemente, un candidato en Michoacán así como dos coordinadores de campaña en la semana previa a la elección intermedia. Dicho caos, se piensa, puede ser agotado mediante un acuerdo que el desordenado panismo quebró y llevó a “un Estado desorganizado, con la corrupción desorganizada panista” y así se llegó a un Estado descompuesto.

Sin embargo, explica nuestro autor, no es viable que los grupos criminales sean organizados y controlados “ad aeternum”.

Por lo que nuestra corrupción no podrá administrarse, como dicen que en el pasado ocurrió; hoy, somos “exportadores de delincuencia organizada”, por medio “de redes horizontales de franquicias especializadas en producción, transporte, comercialización de bienes ilegales y lavado/blanqueo de dinero”, gracias, a la incapacidad y torpeza de nuestros gobiernos.

Sólo basta ver las cifras de nuestra “justicia pronta y expedita”, en la cual, “de cada 100 delitos cometidos, sólo se ponen a disposición del juez, 3.3% de quienes los comenten”.

Por ello la importancia de este primer control, ya que sin él, cualquiera está libre de consecuencias.

Como herramienta coadyuvante, tenemos el “control patrimonial”, que obliga, entre otras, a la “PGR a conocer la dimensión patrimonial de las organizaciones a las que pertenecen los detenidos, si no las define y mapea, y si no internacionaliza sus hallazgos y solicita información a otros países para completar su investigación, entonces no se podrá hablar de la existencia de controles patrimoniales”.

Nadie oye hablar de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, instancia que debiese tener una capacidad operativa muy superior e irrigada en las 32 entidades de la República, para tener un mínimo de efectividad; que está a años luz de tener, en vista de que “la élite político-empresarial sabe que una vez que se establecen y ponen en marcha unidades de investigación patrimonial, sus campañas electorales, su discrecionalidad en la asignación de contratos gubernamentales y en la compraventa de bienes inmuebles se verá mucho más limitada”.

Por ello, plantea nuestro investigador, “[que] es necesario lograr un pacto anti impunidad que permita la instalación de unidades de investigación patrimonial, que impidan que el Estado mexicano se convierta cada vez más en un Estado putinesco” (sic).

Como muestra, nuestra actual condición, que beneficia internacionalmente, en particular, al principal dueño de nuestros bancos: España, quien en su silencio reciente sobre nuestra realidad, demuestra que el 40% de las ganancias mexicanas, son más importantes que el trabajo periodístico o la cooperación internacional.

Como tercer punto de control, y antes del más importante y complejo, tenemos el de la corrupción. Que, apunta Buscaglia, será posible vencer sí, como en Argentina, Brasil o Uruguay, la sociedad “toma la sartén por el mango y con casi invisibles cámaras ocultas en sus solapas se conformaron en redes internacionales, con el fin de ir a la calle no sólo a marchar sino también, primero, a detectar a funcionarios o empresarios privados corruptos ofreciendo/demandando sobornos”. Aborda la necesidad de cambiar nuestro sistema electoral en lo que respecta a los plurinominales, ya que ésa clase de “representantes” puede ser comprada por grupos de interés.

Con un dato se ilustra el problema: según “Transparencia Internacional, México cayó de 2006 a 2012, 35 lugares, al pasar del sitio 70, de 163 países, al 105 de 174”. Y para frenarlo, sólo se puede hacer mediante la participación de la sociedad civil.

Que es, por último para la siguiente entrega, el “control social” más importante y complejo de articular, sin el cual, ninguno anterior cobra realidad.