Trampantojo

Legalizando un crimen I

Tema coyuntural y toral de nuestro tiempo, en la realidad a la que ha tocado asistir –cuyas dimensiones históricas apenas se vislumbran – es el que se refiere al derecho que tenemos a vivir en una ciudad armónica y planificada en correspondencia con las ideas y mejores prácticas para alcanzar el desarrollo civilizatorio al que aspiramos.

Recién, hace unos días, el cabildo de Guadalajara aprobó un ajuste reglamentario relativo a la compensación, indemnización y mitigación para proceder a regularizar la situación de múltiples actos edificatorios que en su oportunidad violaron y violentaron la normatividad urbanística vigente al no respetar los coeficientes permitidos para elevar sus ambiciones y acrecentar sus peculios sin escrúpulos y sin sentido de responsabilidad para con los intereses de la ciudad.

Del hecho se desprenden las más diversas lecturas. La primera, y más contundente, es la que nos remite a la comisión de una grave y flagrante delito que pretende legalizar el artero y certero crimen de lesa urbanidad. No es aceptable y más, es abominable, que la autoridad quiera declarar sin efecto –y a cambio de tres monedas– la barbarie que permite sentar precedentes para argumentar el deterioro futuro de la calidad de vida que merecemos. Enrique Alfaro y su ayuntamiento se equivocan si creen que están metiendo en cintura a la voracidad inmobiliaria. En contrario, están abriendo la puerta al caos y le dan al traste a cualquier indicio de planeación democrática que debería beneficiar a los habitantes e incidir en el progreso material positivo de la sociedad.

La segunda lectura nos lleva a pensar mal ante el discurso falaz de procurar una legalidad mal entendida. No es posible pensar en que, a cambio de parámetros económicos, sea viable intercambiar los más altos valores del ser común. No se han dado cuenta que la ética comprende algo más allá del afán por aparecer como el héroe que transmuta en villano cuando se descubre que su actuar afecta intereses poderosos que controlan el devenir del crecimiento urbano desbordado y trata de encontrar mecanismos que jamás mitigarán ni compensarán, mediante indemnizaciones inocuas e irrisorias, el atroz ocurso de la justificación de la ilegalidad. Más bien parece que ante los poderes fácticos ocurre una sumisa actitud que permite allanar el camino hacia futuras aspiraciones políticas.

La tercera lectura nos conduce a formular cuestionamientos de profunda significación: ¿Quiénes son las empresas, inversionistas y funcionarios involucrados en esta tan tremenda violación de las leyes urbanísticas? ¿Para qué la formulación de planes parciales y otros instrumentos si de cualquier manera, y al final del día, todo tendrá la oportunidad para salir airoso de la afrenta cometida? Sin duda, estamos en manos de un movimiento que de ciudadano nada tiene, sólo es servil a los intereses de quienes tienen secuestrada la ciudad. Continuará... nos veremos el siguiente sábado.

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