Trampantojo

Legalizando un crimen II

Continuamos... con respecto a la entrega de hace una semana, seguimos inmersos en la inclemente necesidad de soportar el embate de la insensatez y algunos nos seguimos preguntando ¿Y para qué carajos tanta regulación e intentos falaces e inocuos por demostrar probidad y eficacia si de todos modos se viola la ley y luego se dispensa con dinero?

Estamos a merced de un dictamen absurdo que premia la voracidad y sienta precedente para acceder al caos urbano en el futuro inmediato y mina la confianza ciudadana hacia una autoridad que no alcanza a comprender que la administración municipal –es decir el ayuntamiento– no es el municipio, que somos todos. Autoridad que tampoco comprende que las decisiones –y más la de este tipo- requieren del consenso social. Sin embargo también intriga que en realidad, para una gran parte de la población, el tema es casi irrelevante e imperceptible. La conciencia social no alcanza a vislumbrar la dimensión del daño ni las afectaciones negativas que una medida de tal calaña y envergadura tendrán en la calidad de vida de la gente que aquí habita el cotidiano. Hay gente que ni le va ni le viene, no está enterada de la flagrante violación a las y el derecho a vivir en un ambiente sano en términos urbanísticos.

Para quienes tenemos interés en el tema, desde esta postura crítica, nos queda claro que una determinación de este tipo fomenta la corrupción, promueve el abuso y garantiza la impunidad. Aunado a esto, hay qué decir que es increíble que haya quienes están de acuerdo y apoyan la medida desde a trinchera de sus protervos intereses en donde prima el afán desbordado por hacer negocio por sobre el bien público. Urbanistas de ocasión que hacen silencio, ese silencio atroz que lacera, que es pusilánime y asume permisivo el artero crimen que pretende compensar y mitigar el latrocinio. Ninguna indemnización es suficiente, ningún dinero paga el ultraje, ningún argumento a favor de la ilegalidad ataviada de cinismo es capaz de solventar la afrenta. Es infame.

La ley, a través del código urbano en su artículo 133, es muy clara y contundente. Es muy sencillo, lo que procede es la demolición de los excedentes y punto. No debe haber interpretaciones laxas ni criterios a modo para allanar el entuerto. De permitirlo, es inevitable, estamos sentenciados y condenados a padecer el oprobio agobiante de nuestra ancestral y rancia estupidez ¿Cómo es posible que nos roben y no seamos capaces de chistar? Dios mío, ¿Por qué somos tan pendejos? Nada compensa, nada indemniza, nada mitiga... Es el cochupo del siglo y nada nos calienta... ¡Caray, estamos legalizando un crimen... Es abominable!

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