AMARRES

Credibilidad, aunque sea prestada

Supongo que el comité supervisor de la investigación de la Función Pública a las adquisiciones del Presidente, su esposa y su secretario de Hacienda incluirá a individuos de prestigio nacional e internacional, y de probidad e independencia incuestionables. Nombres sobran: Federico Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas, Mario Molina, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Ramos, Ángeles Mastretta, etcétera. Supongo que su mandato y el de Virgilio Andrade no admiten ambigüedades: es una pesquisa jurídica y ética, de detectar no solo violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, sino también a la noción de conflicto de interés, no legislada en México, pero inherente a cualquier caso de este tipo. Supongo que ni Andrade ni el comité darán por buenas las invocaciones de fe o de legalidad de las personas investigadas, sino que detallarán el tema: qué contratos recibió Higa entre 2005 y 2014; qué papeles se firmaron y cuáles no, y qué tasas de interés se pagaron o se subsidiaron.

Supongo todo esto, pero dudo que suceda. No porque EPN no lo desee, sino porque el esquema se encuentra viciado de origen. El problema de la falta de credibilidad de un gobierno es recurrente en México y el mundo. Ante cada magnicidio, masacre, accidente mayúsculo, desastre natural mal atendido, o presunto delito en las altas esferas del poder, los gobiernos disponen de pocas armas. La primera es el olvido. La segunda es la investigación controlada, dirigida, exculpatoria. La tercera es la más peligrosa pero la de mayor eficacia: la investigación independiente. La jerarquía de las tres opciones es inversamente proporcional a la credibilidad.

Cuando al Estado no le cree nadie, no le queda más que pedir credibilidad prestada a quien la tiene: otro poder, instancias internacionales, instituciones prestigiadas, personas de renombre. Ni en Tlatlaya ni en Ayotzinapa ni en los escándalos de Higa, Peña Nieto ha aceptado este método; lo insinúa, lo manosea y termina por liquidarlo. Nombrar a un miembro del gabinete presidencial para investigar al Presidente, a la primera dama y al más poderoso de sus colegas es un contrasentido, si lo que se busca es brindar credibilidad a la investigación. Es como si se designara al secretario de Gobernación para conducir una revisión del proceso de Iguala: nadie le creería. Pasará lo mismo con Andrade y con el comité que lo vigilará.