TODOTERRENO

Para exigir, también hay que respetar

El nuevo reglamento de movilidad urbana, debe ser un parte aguas de hoy en adelante para todos los habitantes de la ciudad, pues de ser acatado conforme a lo ordenado, traería como consecuencia un bienestar para toda su sociedad. Si un ciudadano lo infringe debe ser sancionado ya sea con una cuantiosa multa o por un arresto hasta de 36 horas. La fortaleza de una ciudad debe ser el orden y respeto. Ejemplos los tenemos en todas las ciudades norteamericanas y gran parte de los países europeos, donde los reglamentos que rigen las faltas administrativas son respetados. Por principio y congruencia jurídica, si se aplica una sanción a una falta administrativa, con más razón a un delito. Si en otras ciudades nacionales o extranjeras se respeta reglamentos similares, nuestra ciudad no será la excepción.Lo cuestionable es que si las autoridades municipales exigen respeto a dicho reglamento también, deben ser respetuosas de los preceptos constitucionales, es decir, el artículo 16 Constitucional establece…”Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” Claramente ordena el primer párrafo de dicho artículo Constitucional, NADIE PUEDE SER MOLESTADO…PAPELES O POSESIONES, sino en virtud de mandato ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE…En otras palabras la autoridad municipal, principalmente de vialidad, están violando flagrantemente la Constitución, al  sustraer  documentos personales del conductor sin una orden  de un juez competente.Pero lo más grave de estas violaciones Constitucionales, es que son repetitivas, es decir, en numerables ocasiones el Juzgado de Distrito ha notificado al municipio de Torreón y demás ciudades de la Región, ejecutorías de amparo donde es inconstitucional quitar alguna garantía (placa, licencia de conducir, tarjeta de circulación o el mismo vehículo) y las autoridad responsables, siguen haciendo caso omiso a lo ordenado por un Juez federal, exponiéndose dichas autoridades, incluyendo al Alcalde, a que se les abra un proceso federal por desacato y contumacia, delito grave, al no dar cabal cumplimiento a una ejecutoría de amparo, pues siguen  repitiendo el acto reclamado, no obstante los innumerables amparos ganados y debidamente notificados.  Lo legal, conforme la Constitución, es infraccionar al conductor sin despojarlo de ninguna garantía. Y si dicho infractor omite pagar la infracción dentro del plazo establecido, se iniciará un procedimiento administrativo de cobro, recargos y demás accesorios. Y entrando dentro de este marco Constitucional, nuestra ciudad sería de las primeras en infraccionar al ciudadano sin secuestrar sus documentos, adamas se evitaría exponer al agente de vialidad principalmente a recibir una agresión física de parte algún  infractor, por vulnerar sus derechos Constitucionales. 


jorge.alonsoguerram@yahoo.com.mx