Otro camino

La cacería no admite chivos expiatorios

La inmensa rebeldía, principalmente estudiantil, contra la cacería de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en demanda de justicia ya es un patrimonio de la lucha autónoma. Esta ola libertaria expresa el gran rechazo a un sistema político al servicio de una oligarquía y crecientemente penetrado por las bandas de narcotraficantes.

La ira se ha manifestado a lo largo y ancho del país y también en casi todo el planeta, principalmente en todo el continente americano y en Europa. Es un fenómeno inédito.

El movimiento contra los criminales gobernantes de Guerrero es también un gran repudio al gobierno federal, tanto por su ineptitud cómplice como por lo que representa su política general.

Incluso analistas cercanos a Peña Nieto consideran que el mexican moment quedó hecho trizas después de los horrores de la cacería de estudiantes con saldo de varios muertos, muchos heridos y la impresionante “desaparición” de 43 estudiantes levantados por patrullas de la policía municipal de Iguala y la dantesca existencia de las “fosas clandestinas” que algunos “periodistas” frecuentemente usados como “gargantas profundas” del Estado estiman que podrían contener cifras descomunales de cuerpos de personas.

A la monstruosa cacería de Iguala, se añade la ejecución de 22 personas en Tlatlaya el 30 de junio y ante la cual el gobierno de Peña Nieto guardó silencio por tres meses, hasta que fue denunciada por la revista Esquire, unos días antes de los sucesos criminales contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Como en ninguna otra época se han expresado diversos órganos internacionales como el Parlamento europeo y organismos de la ONU, así como otros no gubernamentales (HRW y Amnistía Internacional) exigiendo al gobierno de Peña Nieto respeto a los derechos humanos en México.

Obviamente que la responsabilidad del jefe del Estado mexicano es ineludible.

Todo lo anterior no justifica una coartada tendiente a esconder la responsabilidad directa del PRD en la cacería humana de Iguala y específicamente del gobernador Ángel Aguirre y del alcalde de Iguala, aparentemente protegido por el primero, según lo denuncia el periodista Juan Angulo.

La descomposición llega incluso a Morena, dado que AMLO pretendió poner como candidato a gobernador a Lázaro Mazón, secretario de Salud hasta antier e íntimo amigo y protector del asesino Abarca, prófugo hasta el momento.

Es muy revelador de las relaciones de complicidad entre Aguirre y Abarca lo publicado por el sacerdote Solalinde: “El gobernador sabía en qué estaba metido el alcalde (narcotráfico), y tiene relación con la esposa del alcalde. Él mismo ha dicho que conocía de esos vínculos. Él sabe también cómo mataron a esos jóvenes”, sostiene.

“Los mataron —insiste—. Escuché al gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre) decir que tenía esperanza de que estuvieran con vida. ¡Qué hipócrita! Él sabe perfectamente que los mataron y sabe cómo los mataron”, dijo a la agencia Novosti.

Basado en el testimonio de un policía, Solalinde hace una revelación terrible: estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel”.

La decadencia de todo el sistema político no exculpa al PRD.