Articulista invitado

La energía de América del Norte

La revisión y puesta al día del Tlcan, para que resulte funcional ante las dinámicas condiciones de la economía globalizada, en realidad es inevitable.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte está por llegar a su fin. Al menos, en la forma que ha tenido desde su entrada en vigor hace ya 20 años.

La próxima cumbre que sostendrán en la ciudad de Toluca los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, así como el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en la práctica representará la culminación de una primera y, en muchos sentidos, exitosa etapa, gracias a la capacidad del tratado para cumplir su objetivo: impulsar los intercambios comerciales y la inversión entre los tres países con base en reglas claras.

El Tlcan no solo ha cuadruplicado el volumen comercial anual entre los tres países, sino que ha generado procesos de producción estrechamente integrados en diversos sectores (Chris Wilson, “Working Together”, 2011, http://bit.ly/1ku2Fcw). México, Estados Unidos y Canadá manufacturan hoy conjuntamente bienes con un creciente valor agregado; por ejemplo, en la industria automotriz, la aeroespacial y muchas otras de igual dimensión, se han desarrollado amplias cadenas de suministro entre numerosas ciudades de la región (Brookings, “Metro North America”, 2013, http://bit.ly/1fvBOvi).

Pero más allá de los merecidos festejos y conmemoraciones por estas primeras dos décadas del tratado, esperemos que la Cumbre de Líderes de Norteamérica se convierta en la plataforma que impulse una siguiente fase de mayor prosperidad compartida, basada en un “Tlcan re-energetizado”.

Si bien hay un claro consenso en el sentido de que reabrirlo en términos formales a una renegociación integral es políticamente impensable, ya no hay más tiempo que perder. La revisión y puesta al día del Tlcan, para que resulte funcional ante las dinámicas condiciones de la economía globalizada, en realidad es inevitable. En estas dos últimas décadas el mundo ha cambiado en forma radical. Incluso, ya está experimentando nuevos retos y oportunidades (Harvard, “Atlas of Economic Complexity”, 2013, http://bit.ly/LRERFz), que le exigen a los tres socios norteamericanos definiciones claras y una visión de futuro a la altura de la que condujo al mismo Tlcan hace 20 años.

Por una parte, el tratado norteamericano debe actualizarse para que esté “alineado” con los aspectos regulatorios y demás consideraciones incluidas en la más reciente generación de instrumentos comerciales. El Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés), así como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversión que están negociando en paralelo los Estados Unidos y Canadá con la Unión Europea (TTIP y CETA, respectivamente, por sus siglas en inglés), destacan por ir más allá de las tradicionales reducciones arancelarias, al incluir una serie de cuestiones en extremo sensibles, como sería el caso de la normatividad relacionada con protección de propiedad intelectual, transacciones financieras y muchas otras.

En caso de que estos nuevos acuerdos se concreten, el Tlcan quedaría desfasado, a la vez que la multiplicidad regulatoria elevaría de manera inequitativa los costos de transacción para los socios norteamericanos. Incluso, aún ante la posibilidad de que el TPP y el TTIP no lleguen a materializarse, por las serias dificultades políticas que enfrenta el presidente Obama para lograr que el Congreso de su país le otorgue la facultad de negociación expedita (la famosa autoridad fast track), el Tlcan de cualquier forma debería renovarse para incorporar los temas que se están considerando en las negociaciones comerciales antes mencionadas. De esta manera, en lugar de volverse automáticamente un instrumento obsoleto, se reafirmaría como un componente decisivo para seguir fortaleciendo la competitividad de los tres países.

Por otra parte, el Tlcan debería actualizarse debido a uno de los cambios más trascendentes que han ocurrido desde que está en funcionamiento: la revolución energética que está ocurriendo precisamente en América del Norte.

En la negociación original, mientras Estados Unidos rechazó incluir el tema migratorio-laboral, México descartó la apertura del sector energético. Sin embargo, el Capítulo 6 del propio Tlcan estableció los principios para su liberación gradual (Isidro Morales, “The Energy Factor in Mexico-US Relations”, 2011, http://bit.ly/1fi8NEx). Ahora, y aparte de las posibilidades de que una eventual reforma migratoria en Estados Unidos haga más ordenado y eficiente el mercado laboral en el plano norteamericano, las condiciones estructurales ya se han modificado de raíz, gracias a la reforma constitucional en materia energética que recientemente logramos llevar a cabo en México.

En especial, la capacidad desarrollada en los últimos años por Estados Unidos para explotar sus recursos energéticos no convencionales —incluyendo el petróleo de lutitas, el gas shale y los yacimientos a grandes profundidades marinas—, sumada a la de Canadá para explotar sus cuantiosas arenas bituminosas, están reconfigurando el escenario geopolítico de la energía (IMCO, “Nos cambiaron el mapa”, 2013, http://bit.ly/1d1t92l). El problema es que, a la fecha, el saldo ha sido primordialmente desfavorable para México.

Mientras Estados Unidos y Canadá han logrado establecer uno de los mercados energéticos más integrados y eficientes del mundo, México ha quedado al margen —hasta ahora— de este proceso, con un enorme costo que va más allá del terreno exclusivamente financiero. De un lado, hemos visto la reducción sostenida de nuestras exportaciones de petróleo crudo al mercado estadunidense, tanto por el incremento en su propia producción, como por un desplazamiento de importaciones provenientes de otros países. Del otro lado, importamos desde los mismos Estados Unidos cada vez más gas natural y recursos petrolíferos estratégicos, incluyendo aproximadamente la mitad de las gasolinas y un tercio del diésel que se consumen en el país al año (Pemex, “Indicadores petroleros”, 2013, http://bit.ly/Mu64hp).

La pérdida de terreno para nuestras exportaciones hacia su mercado históricamente “natural”, con el consecuente costo que significa abrir nuevos destinos potenciales en los mercados de Asia y Europa, sumada a la incertidumbre en el aseguramiento de abasto sostenido de gas natural estadunidense a precios preferentes, colocan a México ante una grave vulnerabilidad energética. Y, además, nuestra competitividad manufacturera también se pone en riesgo, ante la ventaja que los bajos precios de la energía le dan a nuestro vecino del norte y principal socio comercial (BCG, “Made in America, Again”, 2011, http://on.bcg.com/1itdfkO).

Distintos análisis prospectivos indican que Estados Unidos puede incluso alcanzar a corto plazo la autosuficiencia energética (IEA, “World Energy Outlook”, 2013, http://bit.ly/1cfxyxd) y que Canadá seguirá incrementando su producción (BP, “Energy Outlook 2035”, 2014, http://bit.ly/1j91bIH). A su vez, México está en camino de traducir la reforma energética en un incremento sustancial de su capacidad extractiva. Este panorama pone de manifiesto la ventaja que un enfoque verdaderamente regional en materia energética tendría para América del Norte, en un entorno global caracterizado por riesgos crecientemente sistémicos (WEF, “Global Risks 2014”, http://bit.ly/1dT64y3).

Existe una amplia coincidencia en México, Estados Unidos y Canadá sobre la necesidad de revitalizar el Tlcan. Desafortunadamente, también es un hecho que una iniciativa de esta naturaleza enfrenta obstáculos políticos insuperables para los tres gobiernos. Por ello, el reto para los presidentes Peña Nieto y Obama, y para el primer ministro Harper, será empezar a encontrarle la cuadratura al círculo cuando se reúnan en Toluca. Hace apenas unos días, el embajador estadunidense en México, Anthony Wayne, declaró que ya se tienen identificadas 20 áreas “sobre las que se puede trabajar conjuntamente para hacer mejoras al Tlcan” (El Universal, 30 de enero de 2014, http://bit.ly/1fqHg4R). Sin duda, al menos es un buen punto de arranque.

Diputado federal del PRI por Nuevo León
y secretario de las comisiones de Energía y de Hacienda de la Cámara de Diputados