Panóptico

¿'Violencia legítima' o revancha política?

El Congreso del Estado lanzó ayer un pronunciamiento muy duro para cuestionar las acciones del Poder Ejecutivo en contra de los negocios del coordinador de la fracción del PRI, Marco Antonio González Valdez.

Ocurre luego de que la Secretaría de Salud clausuró una sucursal de El Pollo Loco propiedad del legislador priista, quien declaró el miércoles que esperaba fuera "una casualidad", ya que ocurrió luego de haber cuestionado la mala comunicación con el Ejecutivo.

"El H. Congreso del Estado condena de manera enérgica cualquier acto de negligencia y abuso de cualquier autoridad, en contra de cualquier persona, sea del ámbito privado o público", se lee en el comunicado. Traducido de manera simple, lo que el Congreso quiso decir es que condena lo que vendría a ser la violencia ilegítima del Estado, o como se lee en el propio boletín del Poder Legislativo, sobre el riesgo de que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón caiga en "revanchismo político".

La ley faculta al Estado para ejercer el monopolio de la violencia legítima aplicando la fuerza cuando sea necesario y contra grupos minoritarios y transgresores, como fue el caso reciente de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.

Hay todo un sustento legal para ejercer la violencia desde el Estado, que puede ser la que ejerce, con pistola en mano, un policía preventivo para capturar a un simple ladrón, o también la que aplican el Ejército o la Marina en enfrentamientos contra grupos delictivos, como ha ocurrido con frecuencia en años recientes.

Pero la tentación autoritaria está presente en todos los gobernantes y la famosa mano dura que tantos dicen extrañar del extinto gobernador Alfonso Martínez Domínguez, no era más que una vuelta de tuerca de la violencia legítima del Estado contra los enemigos políticos.

Dos personajes locales dieron fe de aquellos abusos de poder. Jesús Hinojosa Tijerina, fallecido recientemente, perdió su negocio de fundición y la continuidad del PAN en San Nicolás.

El otro, Alberto Anaya, perdió su libertad y cuando dejó el penal del Topo Chico, fue desterrado un buen tiempo de Nuevo León. Hoy el posicionamiento del Congreso del Estado recuerda esos tiempos. ¿Acaso estarán de regreso?