Panóptico

Pagar o no pagar por los muertos…

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó esta semana al Gobierno del Estado su recomendación sobre la masacre en el Cereso de Apodaca.

El informe es frío y señala la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría de Justicia y del Gobierno del Estado por estos hechos, además de sugerir que se castigue a los servidores públicos (custodios) involucrados en la matanza de 44 reos.

En primera instancia, la recomendación principal es para el gobernador de Nuevo León, a quien se le pide instruir a quienes sea necesario para que reparen el daño a los familiares de los fallecidos.

El documento, que ya se encuentra en los escritorios del gobernador Rodrigo Medina; del secretario de Seguridad, el general Alfredo Flores Gómez; así como del procurador de Justicia, Adrián de la Garza, se antoja inoportuno para un gobierno que parece estar retomando las riendas de la seguridad.

La liberación pública de la recomendación por parte de la CNDH, es poner de nuevo el dedo en la llaga, no del Gobierno, sino de una sociedad agraviada, herida por el baño de sangre de la llamada lucha contra el crimen organizado.

Casos como el de Otilio Cantú, a quien luego de perder a su hijo a manos de soldados habilitados como policías estatales, le escamotean sistemáticamente su derecho a la justicia, nos recuerdan que el Gobierno, en todos sus niveles, no está dispuesto a asumir culpas y mucho menos responsabilidades, así sea por mandato judicial.

Casualmente, esta misma semana en el Congreso del Estado se aprobó la Ley de Víctimas, mediante la cual se garantiza la reparación del daño a quienes fueron blanco de un delito.

Si bien la nueva legislación, aprobada por unanimidad, entrará en vigor hasta dentro de seis meses, la ocasión es buena para que el Gobierno del Estado ofrezca disculpas, reconozca sus fallas e indemnice a los deudos como lo recomienda la CNDH.

Pero son demasiados muertos, y aceptar la recomendación del ombudsman nacional es admitir también que hubo omisiones graves en la vigilancia y control del Cereso en donde, por cierto, hace algunas semanas fue descubierto un túnel inconcluso.

Pagar o no pagar por los muertos, aceptar o no aceptar la culpa, es el dilema del gobernador Rodrigo Medina…