Articulista Invitado

El proceso electoral: el cauce y la marejada

Tras el retiro de siete partidos de la mesa del Consejo General, un oleaje de descalificaciones se abatió sobre el INE, incluso comentaristas bien informados se sumaron al coro de acusaciones de supuesta pérdida de imparcialidad.

Una marejada de descalificaciones se abatió sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) en la última semana. Tras el retiro de siete partidos de la mesa del Consejo General, incluso comentaristas generalmente bien informados se sumaron al coro de acusaciones de supuesta pérdida de imparcialidad y de crisis de confianza. Hay un contexto desfavorable que propicia el escepticismo. Hay preocupaciones legítimas por actos partidarios y gubernamentales de dudosa legalidad e indudable influencia nociva sobre una contienda electoral que todos deseamos justa y equitativa.

Desde la crítica genuina, hasta el insulto ruin que no confiesa que el interés que lo anima está en otra parte. De todo ha habido y todo lo he leído con cuidado, para escudriñar sus aportes, lo que tengan de valioso. De los insultos no me ocupo; a fin de cuentas califican la catadura moral y el alcance intelectual de quien los profiere.

Pero lo que importa es el resultado. Los dos proyectos que suscitaron la controversia fueron enriquecidos, fortalecidos con el concurso de todos los consejeros electorales. Los proyectos aluden a normas reglamentarias relacionadas con el uso de recursos públicos, conforme al artículo 134 constitucional, y al apoyo y colaboración que deben brindar los tres niveles de gobierno para que los programas sociales se desplieguen como lo disponen sus reglas de operación.

¿Qué se agregó a los proyectos? Sobre todo, se adicionó una más amplia y adecuada conceptualización: el Instituto Nacional Electoral carece de facultades para disponer cómo deben desarrollarse acciones de gobierno que están regidas por sus propias leyes y están a cargo de autoridades diversas de la electoral. Sin embargo, la ejecución indebida de recursos, cuando tiene efectos electorales, forma parte del ámbito de atribuciones del INE y, por tanto, las conductas antijurídicas pueden y serán sancionadas.

Por supuesto, la autoridad electoral no está facultada para sancionar a los servidores públicos; solo puede poner los hechos en conocimiento del superior jerárquico que corresponda. Sin embargo, no está del todo inerme: los desapegos respecto de leyes distintas de la electoral y que tienen incidencia en este campo, pueden y deben ser denunciados ante los respectivos órganos de control, como faltas administrativas, o bien ante el Ministerio Público, al encontrarnos ante un presunto delito. 

Al mismo tiempo, el posible uso indebido de recursos públicos para influir en la contienda electoral puede significar un beneficio para algún partido o candidatos en particular. Desde este punto de vista, podría constituir una aportación en dinero o en especie, proveniente de una fuente expresamente prohibida por el artículo 54 de la Ley General de Partidos. En este caso, la competencia del instituto para conocer del asunto está fuera de toda duda. Lo importante es que servidores públicos y candidatos estén ciertos en que, pese a la ausencia de ley reglamentaria del 134 constitucional, las conductas antijurídicas pueden y serán consecuenciadas.

Por otra parte y con vista a asegurar la eficacia de las normas reglamentarias, se incluyó el principio de justicia expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional; lo que se traduce en que las áreas del INE desahogarán con celeridad los procedimientos administrativos sancionatorios que resulten de asuntos de esta naturaleza. Asimismo, se incluyó entre las hipótesis normativas la recurrente práctica de comisionar servidores públicos para la realización de actividades propagandísticas de campaña y el ejercicio de coacciones sobre ese personal para orillarlo a fungir como representante de partido ante las casillas.

Propuse adicionar la proscripción de acciones de gobierno que resultan “de temporal”, es decir, que surgen súbitamente en espacios y temas favorables a algún partido, o que guardan una sorprendente pero no siempre casual coincidencia con plataformas electorales o campañas propagandísticas de algún partido. Aunque esta propuesta no fue aprobada, me atengo a la consideración de la mayoría de las y los consejeros. Insistiré en ella en otro momento.

Por otra parte, me pronuncié por fijar contenidos adicionales a las visitas de verificación que habrá de realizar el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos y casas de campaña, así como establecer vigilancia sobre los actos públicos de carácter masivo que realicen los tres órdenes de gobierno, con el fin de verificar que no se empleen recursos públicos con fines electorales. No se trata, claro está, de pretender asumir funciones de supervisión no consignadas en la ley. Lo que se busca es cumplir cabalmente con la obligación que la Constitución y las leyes electorales imponen al INE de hacer lo conducente para que las campañas electorales transcurran en condiciones de equidad y para asegurar a los ciudadanos la más amplia libertad para la emisión de su voto.

Mis colegas, a su vez, hicieron importantes aportaciones, adicionales a las que, con encomiable espíritu de concertación, habían asentado el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y la consejera Pamela San Martín en sendos engroses a cada uno de los proyectos originales.

Se incluyeron criterios jurisprudenciales sobre el tema, que son de la mayor importancia y se incorporaron entre los sujetos obligados a los síndicos y regidores, para no quedar constreñidos a los presidentes municipales.

Se indicó como posible infracción la solicitud de la credencial para votar, sin causa prevista por la ley, a fin de evitar la recolección de compromisos de voto de los ciudadanos a cambio de dádivas, o por coacción. También se hicieron ajustes importantes a la redacción que precisan los dispositivos.

Como puede apreciarse, las adiciones contribuyen a documentos más sólidos, más eficaces para el logro de su objeto. Con ellos, se impulsa de mejor manera la imparcialidad a que están obligados todos los servidores públicos respecto del uso de los recursos públicos. Es una mejor manera de garantizar la equidad en la contienda electoral, ya en curso. El aplazamiento, al final, aportó beneficios palpables.

La marejada aún no cesa; habrá que seguir dialogando y actuando para atender lo que de cierto y legítimo tiene. Lo importante es que con acciones como ésta el INE muestra el cauce por el que deben transcurrir nuestras legítimas diferencias, y que no es otro que el institucional, mediante el debate público y franco, alejado del voluntarismo y de visiones maniqueas.

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