Articulista Invitado

Más allá de la retórica partidaria

La última reforma electoral demuestra con nitidez que, a pesar de largas luchas que han buscado transformar nuestro sistema electoral, la transición hacia un régimen plenamente democrático está inconclusa.

Si bien es cierto que la construcción de las instituciones electorales federal y locales han contribuido a la transformación de la cultura política autoritaria —en la que prevalecía la anulación del adversario, el dudoso conteo de votos y la incertidumbre sobre el triunfo de candidatos— también lo es que, desde la otra cara de la moneda, esa vieja cultura aún permea en la conducta de los actores políticos.

La pretensión de incidir en ámbitos que no son de su competencia y el frecuente cuestionamiento, con diverso nivel de virulencia, a las reglas del sistema electoral que no les son benéficas, son solo un botón de muestra de que los partidos políticos no han encontrado la fórmula jurídica que les satisfaga a plenitud.

En este contexto, construido por la desconfianza entre los partidos políticos y su incapacidad de adecuarse a los cambios legales —promovidos por ellos mismos— es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la atribución de elegir a los consejeros de los institutos electorales locales.

De esta situación ya estamos viendo las consecuencias; la descalificación —por parte de algunos dirigentes partidarios— de la elección de los consejeros de 17 estados y el Distrito Federal. Desde mi punto de vista, deriva de la presencia de la vieja cultura política en estos procesos, en que los partidos políticos definían por cuotas quiénes serían consejeros electorales. Hoy, como no pudieron hacerlo, iniciaron una campaña de desprestigio de los consejeros recién designados y los miembros del Consejo General.

Dicha actitud, aunada a la falta de congruencia de los actores políticos y de esa añeja tradición cultural de pedir con una mano y pegar con la otra, empañan lo que deberían ser los rasgos esenciales de una nueva cultura democrática, el respeto al otro y la tolerancia al arcoíris que representa la amplia gama de la diversidad social, cultural y política del país.

Debemos recordar que el centro de este proceso no son los partidos, los representantes, ni nosotros los consejeros del Consejo General; hemos de reencauzar la atención hacia los consejeros locales electos, porque son ellos quienes ahora tienen en sus manos cumplir la función estatal de organizar elecciones en 18 entidades.

Se trata de 126 consejeros con perfiles que denotan alta capacidad y que, en promedio, tienen 18 años de experiencia profesional, siete  años de experiencia electoral, ocho años de experiencia directiva, cinco  años de experiencia académica y cuatro meses de experiencia político-partidaria.

Adicionalmente, se trata de un grupo de consejeros multidisciplinario y con alta preparación, ya que en conjunto hay 18 licenciaturas expresadas en los perfiles —que van desde abogados y politólogos, hasta variedad de ingenieros, administradores, contadores y psicólogos— y 72.22 por ciento de los consejeros locales electos cuentan con algún posgrado.

Mi valoración, para la selección de los perfiles más calificados y profesionales en materia electoral, no dependió de las relaciones o filiaciones políticas de los aspirantes, sino de los méritos profesionales y conocimientos específicos de cada uno de ellos.

Independientemente de las coincidencias y discrepancias con mis colegas consejeros en la designación de los integrantes de los institutos electorales locales, considero que ahora debemos centrarnos en la transformación del Sistema Electoral Nacional y la construcción de instituciones electorales locales sólidas, con el fin de avanzar en la consolidación de la democracia, proceso en el que el Instituto Nacional Electoral —sin ser vigilante ni tutor— acompañará y será solidario con los institutos electorales locales.

Consejero electoral del INE

@jsc_santiago