Articulista Invitado

Presupuesto del INE y los costos de la democracia

El Instituto Nacional Electoral (INE) se apresta a aprobar una solicitud de ampliación presupuestal. Se trata de 230.6 millones de pesos, adicionales a los 11 mil 834 que constituyen su presupuesto para 2014. La cifra podría parecer elevada. Conviene dimensionarla.

La reforma constitucional y legal en materia electoral de 2014 encomendó nuevas y vastas tareas a la autoridad electoral. En lo sucesivo, el INE se hará cargo de la recepción del voto tanto en comicios federales como locales, cuando la elección estatal coincida con la federal, lo que ocurrirá el año próximo en 17 entidades que elegirán 9 gobernadores, 388 diputados de mayoría relativa, 993 ayuntamientos y 16 delegaciones políticas. A ello cabría agregar la elección por usos y costumbres que celebrará el estado de Oaxaca.

También deberá asumir la fiscalización de los recursos que los partidos políticos empleen para sus actividades ordinarias y de campaña en todo el país, tanto en el plano local como en el federal. Para 2015, el INE deberá revisar, como mínimo, 2 mil 700 informes de campaña para diputados federales y, si no delega la función en los institutos estatales electorales, al menos, 10 mil 292 informes de campaña para cargos locales de elección popular. Las cifras podrán aumentar, dependiendo del número de ciudadanos que se registren como candidatos independientes. Además deberá hacerlo rápido y bien: en poco más de dos meses.

Por otra parte, el INE se encuentra trabajando en la construcción de un Servicio Profesional Electoral Nacional, que deberá integrar personal del otrora IFE y de los institutos estatales electorales con criterios de mérito y alto desempeño. Ello implica una cuidadosa y nada sencilla combinación de normas nacionalmente estandarizadas con aptitudes, conocimientos y sensibilidades locales, con vista a asegurar que las tareas electorales se realicen con niveles similares de calidad,certeza e imparcialidad en todo el país.

Asimismo, la reforma dispuso la creación de estructuras destinadas a gestionar el vínculo permanente entre el Instituto Nacional y sus correspondientes estatales. Desde ahora, el INE deberá, también, realizar estudios preparatorios para reconfigurar los contornos de los distritos electorales de las entidades federativas; realizará las acciones conducentes para dotar de credencial para votar a los mexicanos que radican en el extranjero, y ampliará los alcances del monitoreo de radio y televisión, entre otras.

Ese cúmulo de nuevas atribuciones y tareas implica, inevitablemente, costos adicionales. Es por ello que el artículo transitorio Décimo sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ejecutivo federal asigne recursos presupuestarios al INE para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

En vista de la complejidad técnica, volumen y vastedad geográfica de las nuevas encomiendas legales, la solicitud de 230.6 millones de pesos adicionales resulta algo más que razonable.Representa 2.9% del presupuesto operativo del Instituto y 1.9% del total aprobado por la Cámara de Diputados al entonces IFE, para el ejercicio fiscal 2014. De este monto, 116 millones de pesos, reflejan el impacto neto de la reforma electoral, mientras que el resto, 87.2 millones, tiene que ver con acciones anticipadas del proceso electoral 2014-2015.

El monto exhibe un apreciable ánimo de racionalización, de suyo importante, en el gasto institucional. También expresa el deber de cuidado de las instituciones en la solicitud y uso de recursos públicos. El abandono de las viejas prácticas de crecimiento presupuestal sobre bases meramente inerciales, corresponde con una tendencia positiva: la disminución consistente del costo de la autoridad electoral, medida en relación con los ciudadanos empadronados o bien con las casillas instaladas.Por ello conviene continuar este esfuerzo de racionalidad. Veamos.

La reforma electoral es una oportunidad para adoptar modelos organizacionales novedosos, que propicien estructuras orgánicas más esbeltas, orientadas a la multifuncionalidad y la polivalencia, que además resuelvan problemas de duplicidad y redundancia. Al mismo tiempo, el uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación, sobre todo si son desarrolladas por la propia institución, favorecerá la reducción de costos de operación e incrementará el patrimonio institucional.

Una transformación de esta naturaleza implica un eficaz rediseño de procesos, que asegure la solidez técnica de los quehaceres institucionales, fortalezca su adhesión a los principios rectores de la materia electoral y les permita mayor generación de valor agregado.

Al final, el impulso a estos cambios estructurales hará más productivo y profesionalmente enriquecedor el esfuerzo cotidiano del personal y ratificará al Instituto Nacional Electoral como una autoridad electoral a la altura de las aspiraciones de la ciudadanía: de elevada capacidad y nivel de desempeño, con costos razonables.

*Consejero del Instituto Nacional Electoral