Articulista Invitado

Criterios para la pérdida de registro de PT y Humanista

No hay sustento lógico y normativo para adicionar al cómputo concluido el que corresponde a una elección extraordinaria.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, el 6 de noviembre, la pérdida de registro de los partidos del Trabajo y Humanista. Tal decisión acató las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF SUP-RAP-654/2015 y SUP-JDC-1710/2015.

Esta determinación tuvo como base que ninguno de los dos partidos obtuvo 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria. La votación en el Consejo General del INE, en ambos proyectos de resolución, fue de siete votos a favor y cuatro en contra.

La resolución de la Sala Superior cambió de criterio. Lo cual coloca al IFE-INE en el error durante décadas, pues el órgano facultado para determinar la pérdida de registro de los partidos políticos es, ahora, el Consejo General del INE y no la Junta General Ejecutiva, como lo había hecho a lo largo de su vida institucional.

Ante esa resolución, los partidos señalaron que el Consejo General está obligado a interpretar el texto constitucional favoreciendo el derecho de asociación de los ciudadanos (principio pro persona), a argumentar en términos constitucionales y no legales, y que la pérdida de registro no puede basarse en el resultado de la elección ordinaria de 2015, sino que debe esperarse a los resultados de la elección extraordinaria del distrito 1 de Aguascalientes, cuya jornada electoral será el próximo 6 de diciembre. En el debate no faltaron argumentos que se alejan de lo racional y se cobijan en la retórica.

Mi interpretación del texto constitucional es distinta a la de los partidos. En primer lugar, el principio pro persona cumple funciones estrictamente interpretativas; no suple a la ley ni le imprime propósitos distintos a los dispuestos por el legislador.

Por ello consideré que este principio no es de aplicarse, debido a que no se aprecia oscuridad en las normas que se deben interpretar en favor del gobernado. Tampoco hay afectación de derechos fundamentales de terceras personas, ni contradicción entre normas que haga necesario optar por aquella que mejor garantice derechos.

Así que la resolución del Consejo General no vulneró el derecho de asociación, en sentido más amplio, de quienes están afiliados a un partido político, sino que se limitó a señalar que, en materia electoral, el derecho a conservar el registro se dispone de modo explícito en la normativa constitucional a la obtención de 3 por ciento de respaldo ciudadano.

Conforme al marco constitucional y legal que nos rige y con base en el principio de definitividad, debo destacar que la votación válida emitida fue computada para surtir sus efectos en la distribución de diputaciones de representación proporcional y en la integración de la Cámara de Diputados.

El proceso electoral ordinario concluyó con la resolución recaída al último medio impugnativo interpuesto y la elección correspondiente fue declarada válida y legítima. Así que no observo sustento lógico y normativo para adicionar a ese cómputo el que corresponde a una elección extraordinaria, por más que derive de la nulidad decretada para un distrito y se oriente a completar el cuerpo legislativo.

De otro modo, la eventualidad de nuevas elecciones extraordinarias haría imposible la declaración de pérdida y la cancelación de un registro partidario durante todo un ciclo electoral y, en este caso, legislativo.

Por las razones anteriores acompañé los proyectos de resolución de pérdida de registro de ambos partidos. No obstante, en la sesión del Consejo General reiteré mi convicción de que el fortalecimiento del sistema de partidos no se alcanzará mediante la generación de mayores y nuevos obstáculos a la representación de las minorías. Sin embargo, corregir esa visión corresponde al cuerpo legislativo. m

*Consejero del Instituto Nacional Electoral y profesor de la UAM Iztapalapa.
Twitter: @jsc_santiago
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