Antena

No se hagan bolas, es el Congreso

Se ha señalado que la decisión de que sea el Congreso de la Unión el que establezca el monto por derechos o contraprestaciones que deberán pagar los operadores de telecomunicaciones del país que usen las bandas de 700 megahercios y 2.5 gigahercios generará incertidumbre jurídica y económica en el sector y que supuestamente amenazará las inversiones de largo plazo.

Nada más falso, inverosímil y carente de fundamento jurídico.

Los derechos derivan, en el caso de las telecomunicaciones, del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y se deben pagar anualmente, es decir, se trata de un acto jurídico continuado, que se da de manera periódica (anual) el pago de derechos por el uso del espectro.

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), tal como lo establece el artículo 28 constitucional, es el organismo que tiene la facultad para definir el monto de la contraprestación a pagar por el “otorgamiento” de una concesión sobre el espectro radioeléctrico; es decir, se trata de un acto jurídico de ejecución inmediata y que solo se va a presentar una única ocasión: al momento del otorgamiento de la concesión.

Es importante señalar que, de conformidad con la fracción 29 del artículo 73 de la Constitución, el Congreso tiene la facultad de establecer contribuciones por el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico.

No pasa inadvertido que el Congreso, por más de 10 años, ha fijado el monto de los derechos a pagar por el uso y aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, por lo que el hecho de eliminar de la Ley Federal de Derechos los montos que deben de cubrir los usuarios en las bandas de 2.5 GHz y de 700 MHz, pudiera generar un desequilibrio, toda vez que existen otras bandas para usos similares que históricamente sí han fijado el pago de derechos.

Adicionalmente, la Corte, en tres distintos criterios emitidos entre 2007 y 2011, ha validado la facultad del Congreso de la Unión para establecer derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de bandas del espectro radioeléctrico.

Por lo tanto, no hay que hacerse bolas, el Congreso fijará los derechos en tiempo y forma.