Desde el biopoder

Autoridades coludidas con el crimen en violaciones a DH

Los migrantes indocumentados que pasan por territorio nacional con destino a Estados Unidos son víctimas de violaciones a sus derechos humanos pero no saben a quién recurrir porque las autoridades están coludidas con el crimen organizado.

A lo largo de su trayecto, los migrantes son extorsionados, secuestrados y hasta vejados, sin que se sepa algo al respecto. En la capital y en otros municipios del estado de Puebla, operan redes de corrupción que acechan a los indocumentados que provienen, en su mayoría, de Centroamérica, de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

El sacerdote, Gustavo Rodríguez Zárate, responsable diocesano de Atención a Migrantes de la arquidiócesis de Puebla, es uno de los principales defensores de los derechos de los migrantes y resalta la falta de confianza de los indocumentados hacia las autoridades locales.

Los indocumentados prefieren no presentar ninguna denuncia porque sienten el temor de que al presentarse ante las autoridades, sean devueltos a sus países antes de que se castigue el delito. Prefieren recuperarse, descansar un tiempo y luego continuar su trayecto con destino a la frontera norte del país.

El religioso denuncia que en el trayecto entre Chiapas y Puebla, son usuales los secuestros y extorsiones, por los que se llegan a cobrar rescates de hasta dos mil 500 dólares, que pagan desde Estados Unidos, los familiares de quienes van en pos del "sueño americano" y viven en México una verdadera pesadilla.

De acuerdo con Rodríguez Zárate, nueve de cada 10 migrantes que llegan al templo de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en el poniente de la capital del estado, cerca de la Prolongación Reforma, reporta que ha sufrido algún tipo de extorsión o ha sido víctima de las redes del crimen.

"Es el pan de cada día y les ha pasado con policías, con agentes de Migración y son protegidos por el crimen organizado. Se escaparon del crimen organizado y se encontraron con la policía, que los regresó con el crimen organizado en Oaxaca. Lo que se está sacando a la luz pública es un poco de lo que ocurre a diario", detalla el sacerdote.

Ante el panorama de riesgo y violación de derechos, el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger a toda persona que pase por el país. En lugar de hacerlo, parece que se protege a los agresores e intenta que el fenómeno pase desapercibido.

 jaime.zambarno@milenio.com