Las llaves de las Villas

Literalmente, se está buscando al mejor postor usuario para quedarse con las llaves que abren el destino inmediato de las Villas Panamericanas. Entre ofertas y sugerencias diversas, el Gobierno del Estado aún no toma la decisión sobre a quien entregarle las llaves de un desarrollo inmobiliario sumamente cuestionado, por las irregularidades presentadas desde el origen de este macroproyecto. Su implantación en una zona de recarga del acuífero de Atemajac, su ubicación en el ecosistema de la Primavera, se decidió por las entonces autoridades estatales panistas sin apegarse al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que sí permite construcciones de baja intensidad de ocupación del suelo, pues el Bajío es una cuenca cerrada cuya geología deja pasar lentamente el agua que ahí se junta. Por ello, esta cuenca se define como zona de amortiguamiento entre la acelerada urbanización metropolitana y el bosque de La Primavera.

Para obtener las llaves de ese bien inmobiliario que ofrece un jugoso negocio, se necesitan resolver además los aspectos económicos, que representan también un desafío para la ingeniería financiera. El esquema mixto de inversión público-privado, muestra claroscuros todavía difíciles de disipar, pues entre el dinero invertido por la inmobiliaria privada y el crédito que otorgó el IPROVIPE, con fondos provenientes del ahorro de pensiones de trabajadores al servicio del Estado, se encuentran valores éticos sobre el margen de ganancia que una obra de la magnitud de las Villas deben de asegurar, tomando en cuenta que el gobierno sigue siendo el garante de su promoción económica. Otro aspecto problemático para la rentabilidad de ese conjunto habitacional, es que a más de dos años de estar pagando un mantenimiento superior al millón de pesos mensuales, se ha incrementado la deuda hasta límites insuperables del mercado financiero.

La principal complicación para entregar las llaves, consiste en los amparos, estatal y federal, concedidos a quienes se quejan porque las Villas Panamericanas afectan a la población metropolitana por su desapego a la legislación urbana y ambiental. Con este macroproyecto urbano, se pone en juego el Derecho a la Ciudad, pues lo que se decida no solo afecta a la población residente y vecina del Bajío, sino que también hay un impacto sobre la zona metropolitana de Guadalajara, en torno de lo cual hay responsabilidades públicas y privadas que asumir. Al grado de que el dilema es derruir el conjunto de vivienda o encontrar un uso compatible que tome en cuenta todas las variables en juego, de corte ambiental con sus amenazas al ecosistema del bosque de la Primavera y al abasto de agua para la metrópoli y de corte urbanístico con un plan actualizado.

Entre las alternativas de uso hasta ahora planteadas, se propone desde la compra por parte de las Villas de un terreno cercano a las 30 hectáreas de espacio público libre sin construir, para compensar las áreas libres que éstas deberían de aportar, hasta darle un uso diferente al conjunto inmobiliario, con menor impacto ambiental y menor presión sobre la muy complicada vialidad del Bajío, que sólo cuenta con dos arterias para el desfogue de todos los vehículos que ahí entran o que pertenecen a los residentes. La Universidad de Guadalajara estaría dispuesta a recibir esas complicadas llaves Panamericanas, pero esto no puede ser sin tomar en cuenta los estudios de su comunidad científica sobre el Bajío, su interrelación con el ecosistema del bosque de la Primavera, con el plan metropolitano y parcial de urbanización. Quizá ésta sea la mejor opción para las Villas, pues la UdeG contribuiría a garantizar el Derecho a la Ciudad, que está amenazado.


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