Vías de convivencia enredadas

Sin conexión intencionada entre sí, pero entrelazadas, la reorganización de las instituciones electorales y la reforma política del régimen de gobierno, el inexorable avance del crimen organizado en la geografía política del país y las preocupaciones sociales manifestadas en movimientos con diversas demandas insatisfechas, muestran un escenario en el que la deseable calidad democrática se encuentra empantanada. Todavía en el estira y afloja, no percibimos una propuesta estructurada de reforma política, que sitúe los temas a abordar y resolver; no hay un eje organizador para favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, ni una decisión intencionada para empoderar al votante. Tampoco hay una idea sobre la coalición política para un mejor esquema de gobernabilidad, que tienda puentes entre gobernantes y gobernados, entre legalidad y legitimidad, que hagan imperativo el estado de derecho.

Se han desdibujado las líneas de acción en materia electoral propuestas por el Pacto por México: la definición de un gobierno de coalición que diera cuenta del pluralismo partidista y que avanzara hacia nuevas reglas de convivencia entre Legislativo y Ejecutivo, que propiciara un régimen de gobierno semipresidencialista, iniciador de cierto parlamentarismo con capacidad para contrapesar al aún fuerte presidencialismo prevaleciente en México. Además, es muy frágil la autonomía de los organismos electorales frente a los poderes fácticos y también frente a los poderes constituidos, así como permanece una sensación de impotencia ciudadana por regular el financiamiento de los partidos, por racionalizar costos de organismos y procesos electorales, o por contrabalancear el monopolio de la representación y el autismo legislativo de los partidos políticos. Ni las candidaturas independientes, ni la posible reelección consecutiva por una vez de legisladores y presidentes municipales, despiertan esperanzas fundadas para el electorado.

Con razón, el tema de una nueva autoridad nacional electoral ha cobrado cierto protagonismo en la agenda político-electoral reformista, pues está en juego la autonomía de los estados frente a la federación, la cual amenazan vulnerar las tentaciones centralistas del Pacto por México. El pasado miércoles, “Consejeros presidentes de institutos electorales locales entregaron a senadores del PAN y PRD, una propuesta de reforma a los artículos 116 y 122 de la Constitución Política [mexicana] a fin de fortalecer a las autoridades electorales de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el marco de la discusión de la reforma política.” (El Universal 20-11-2013) Se acepta que cada estado es diferente y requiere de un órgano electoral local, pero donde el nombramiento de sus integrantes correspondería al Instituto Nacional de Elecciones, proceso en el que podrán participar los actuales consejeros electorales.

También pidieron respetar la autonomía presupuestal y financiera de los organismos electorales locales, y de los congresos locales, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, se proponen mecanismos abiertos para la designación de los consejeros locales y la participación de instituciones educativas en ese proceso. En lo cual contó la experiencia innovadora del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de Jalisco. Aunque los consejeros no propusieron añadir el tema de participación ciudadana al nombre del nuevo INE, como tampoco se vio siquiera un asomo de austeridad presupuestal en las retribuciones a consejeros, ni intenciones explícitas de racionalizar el financiamiento a los partidos al nivel local.

Paralelamente, todo ese ámbito oscuro del crimen organizado se percibe a niveles preocupantes por la población: 60 por ciento lo ve en los municipios y 84 por ciento lo percibe en los estados, según la encuesta del senado que da a conocer MILENIO JALISCO (20-11-2013). Para que haya democracia electoral se necesita, urgentemente, que avance el estado de derecho en todas las regiones de México.

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